Pisos en alquiler en Barcelona / ARCHIVO
El antecedente buitre en la vivienda pública barcelonesa
"La izquierda debiera hacer efectivo con hechos los valores que predica en palabras. Sobrevuela la demagogia y no aterriza las realidades de gobierno con políticas efectivas de vivienda"
A raíz de controversia actual relativa a los Fondos “buitre”, me viene a la memoria un episodio municipal no lejano. Era el año 2013. El Consell Comarcal del Barcelonés, gobernado por el PSC e IC (hoy los comunes) era el propietario de 298 viviendas públicas (gestionadas por la Fundació Pisos de Lloguer) desgranadas en cuatro edificios en Sants-Montjuic, Les Corts y Sant Martí.
Esta administración formada por concejales también de Barcelona, procedió a la venta del derecho de superficie a un Fondo de Inversión. De seguir el relato y lenguaje de hoy de la izquierda, podemos concluir que una administración gobernada por ella “privatizaba la vivienda social” y lo hacía a un “Fondo buitre”.
Ahora parece no querer recordarse, pero merece ser incorporado al debate sobre los mismos y sus antecedentes de arraigo en Barcelona incluso en la vivienda social.
En esta operación de venta de patrimonio público de vivienda social sobrevoló una operación inexplicable y que hoy se torna en un ejercicio de rapiña demagógica y contradictoria. Eran viviendas con protección limitada en el tiempo, así que cuando la misma vencía, el fondo adquirente de los pisos públicos podía incrementar los alquileres.
A esta operación “progresista” se le llamaría hoy especuladora. Por otra parte, y durante años, el Ayuntamiento y la Generalitat o el propio Consell Comarcal mantuvieron hasta una treintena de solares públicos vacíos sin construir ninguna de las 4.000 viviendas a construir sobre ellos. Incompetencia e insensibilidad de gobiernos con políticas de vivienda de fachada, de mucho cartón, por la publicidad o autobombo, y poca piedra, por el escaso techo para la gente.
También fue un gobierno municipal que se decía de izquierdas quien promovió políticas urbanísticas y de vivienda que beneficiaron a ciertos “pájaros especuladores". Eran propietarios de solares sin construir en tiempo a la espera de su revalorización en apenas unos años.
El incremento de su valor lo era en base a las millonarias inversiones públicas que se encararon por la transformación del Front Marítim, por la apertura de la Diagonal para la prolongación y llegada de la avenida al mar, por la construcción del singular parque central del Poblenou y el de Diagonal-Mar, las nuevas paradas de metro o la Ronda del Litoral, entre otras actuaciones públicas.
También se hacía caja pública con la venta de las antiguas cocheras de TMB de Triangle en el mismo sector. Mientras, las casas de los vecinos de los barrios de Maresme y Besós padecían graves patologías estructurales.
Tampoco debería olvidarse la política seguida por el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH), que desde finales de los ochenta y primeros de los noventa vendió parte de sus viviendas a sus propios ocupantes o inquilinos impidiendo con ello toda rotación.
No fue una única operación masiva, sino un proceso continuado que, en 1991, en plena crisis de la aluminosis, suscitó incluso denuncias vecinales por la venta de pisos afectados por esta patología. Desde el año 1992, el PMH incorporó a estas compraventas los derechos de tanteo y retracto durante diez años. La consecuencia fue que parte de la vivienda producida o gestionada con recursos públicos pasó del parque municipal a manos privadas.
Ahora esa izquierda, que ha gobernado la ciudad 43 de los 47 años de democracia municipal, da lecciones de lucha contra los fondos buitre y especuladores, denuncian la escasez de pisos sociales y la carestía del negocio al ser las administraciones una insaciable máquina de recaudar impuestos. La fiscalidad asociada a la vivienda y al suelo representa un sobrecoste del 30%.
Eso sí, como siempre, la culpan de la falta de vivienda es del privado para eludir las administraciones su responsabilidad pública de no construirla. Por si fuera poco, trasladan a terceros, léase al propietario privado, a asumir la protección social de inquilinos cuando no les corresponde y si a las instituciones que no responden garantizando ellas los derechos de los más vulnerables y precarios como están obligadas y en suficiencia.
La izquierda debiera hacer efectivo con hechos los valores que predica en palabras. Sobrevuela la demagogia y no aterriza las realidades de gobierno con políticas efectivas de vivienda. Ahora, se multiplican los anuncios gubernamentales de promociones de vivienda social cuando muchas son los anuncios ya vertidos y reiterados en los últimos años tantas veces como incumplida su construcción.
Ojalá sea cierta. No defenderé a los “fondos buitre”, que representan, además, un porcentaje muy limitado de viviendas privadas y sí al pequeño propietario y al inquilino. Ambos necesitan de seguridad jurídica y de fiscalidades favorables y toda la sociedad precisa de una política pública que ofrezca, de verdad, techo.
