La ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
El espejo roto de Ada Colau
"El debate sobre el futuro de la izquierda española de cara al 29N no requiere épica, sino solidez institucional y rigor en el diseño de las políticas de oferta y demanda. No queda otra si se quiere ser, de verdad, efectivo, más allá de las buenas intenciones y proclamas sobre la justicia social"
Habla muy bien. Se veía de lejos, desde sus tiempos de activista, que iba a dar el salto y que podía ser reconocida y reclamada por muchos votantes. Tuvo la oportunidad y le salió bien, en un momento de enorme efervescencia social. Fue alcaldesa de Barcelona durante ocho años, y tuvo un gran resultado en las últimas elecciones, a un paso de ser segunda fuerza, justo por detrás del socialista Jaume Collboni, que había sido su primer teniente de alcalde.
Ahora juega con liderar las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Es una cara conocida. Y tiene a su favor que mantiene buenas relaciones con el clan familiar en el que se ha convertido Podemos. Eso es indispensable para lograr un gran frente de izquierdas con IU, Más Madrid y todas las siglas de izquierdas periféricas. Pero, ¿qué es capaz de hacer Ada Colau al frente de las instituciones?
Colau traza bien las grietas del sistema. Sabe dónde se ubican. Pero eso no es suficiente para lograr cambios significativos. La pretensión de impartir lecciones sobre cómo articular las políticas públicas, singularmente en materia de vivienda, exige un ejercicio de memoria analítica que la oratoria de campaña suele esquivar con presteza.
La exalcaldesa de Barcelona construyó su capital político sobre una promesa fundacional, la de fiscalizar el poder inmobiliario, blindar el derecho a la vivienda y erradicar la lacra de los lanzamientos.
Era el lenguaje de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trasladado a la moqueta del Saló de Cent. Sin embargo, la perspectiva que otorgan los dos mandatos de Barcelona en Comú (2015-2022) revela una distancia insalvable entre el voluntarismo dogmático y el balance real de la gestión.
Las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desmienten la efectividad del modelo barcelonés. A lo largo de la etapa de Colau al frente del consistorio, la ciudad registró un total acumulado de 17.128 lanzamientos judiciales.
La serie histórica dibuja una inercia estructural que las proclamas municipales apenas rozaron: 3.098 ejecuciones en 2015; 2.691 en 2016; 2.519 en 2017; 2.381 en 2018; 2.125 en 2019; un paréntesis de 1.028 en 2020 condicionado por la parálisis pandémica; para rebotar a 1.755 en 2021 y 1.531 en 2022.
La inercia del mercado y de los juzgados siguió su curso al margen de los discursos de investidura.
Lo verdaderamente revelador no radica únicamente en la impotencia de la administración local ante el marco regulatorio estatal o procesal. La paradoja sustancial de la etapa Colau emerge al examinar la actuación de la propia maquinaria municipal.
Entre 2018 y 2022, el Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) instó directamente al menos 312 órdenes de desahucio.
La administración que llegó para frenar la maquinaria de las ejecuciones terminó utilizando los mismos instrumentos jurídicos cuando le tocó gestionar la titularidad del parque público o los expedientes de ocupación no regularizada.
Esa contradicción alcanzó su cota más trágica en mayo de 2022 en el barrio del Bon Pastor. Allí, en el contexto de una ejecución promovida directamente por el propio Ayuntamiento de Barcelona a través del IMHAB, el afectado se quitó la vida durante el operativo municipal.
Meses antes, en junio de 2021, el drama social ya había golpeado al barrio de Sants-Badal con otro suicidio ante la llegada de la comitiva judicial --en este caso en un expediente promovido por un tenedor privado.
Si bien las dinámicas de vulnerabilidad son complejas y no admiten lecturas simplistas, --hay lanzamientos plenamente justificados por el enorme malestar que han causado algunos individuos al resto de vecinos de un inmueble-- el episodio de Bon Pastor expuso de forma cruda las costuras de un relato fundacional: la administración local, sometida a las exigencias operativas y legales del día a día, acabó incurriendo en los mismos dramas que antes denunciaba desde la acera de enfrente.
El debate sobre el futuro de la izquierda española de cara al 29N no requiere épica, sino solidez institucional y rigor en el diseño de las políticas de oferta y demanda. No queda otra si se quiere ser, de verdad, efectivo, más allá de las buenas intenciones y proclamas sobre la justicia social.
La vivienda sigue siendo el principal problema estructural de las metrópolis españolas, pero no se resuelve erigiendo un púlpito moral sobre experiencias que, en la práctica, no lograron transformar las dinámicas del mercado ni proteger de forma efectiva a los más vulnerables en el ámbito competencial propio.
Antes de aspirar a articular mayorías estatales dictando recetas desde el dogmatismo, convendría analizar con frialdad los datos del CGPJ y el archivo de actuaciones del IMHAB.
Barcelona demostró entre 2015 y 2022 que gobernar exige algo más que pancartas y que, cuando las estadísticas de ejecución hipotecaria y de alquiler se examinan sin anteojeras partidistas, las lecciones morales resultan difíciles de sostener.
Por eso Colau debería mirarse ante el espejo. Otra cosa es un debate sobre el propio sistema. Algo que también está en el seno de la llamada izquierda alternativa. Jugar dentro del sistema tiene sus limitaciones.
El derecho es muy poderoso. Ha trazado una argamasa de acero a lo largo de los siglos. Cualquier cambio, dentro del sistema, obliga a negociar y a pactar, dentro de las necesidades y obligaciones de cada uno.
Pero si no se está dispuesto a la revolución, porque las fuerzas son escasas, la alternativa reformista pasa por actuar con responsabilidad, por conocer las limitaciones propias y respetar al otro, aunque estemos pensando que no tiene ninguna razón.
Colau, tenga el futuro político que sea, debe pensar en cómo cambiar las cosas con los instrumentos que ofrece un sistema democrático. Sabe, desde su experiencia en Barcelona, que las cosas no son nada fáciles. Y que las pancartas sirven para buscar mayorías sociales, pero no para vender recetas que se sabe que no saldrán adelante.
