La Justicia ha dado la razón a Griselda López, propietaria de la histórica bodega Cal Pep, en la Vila de Gràcia, y ha suspendido la orden de cierre del Ayuntamiento. Su abogado presentó una medida cautelarísima y el juzgado contencioso administrativo ha solicitado el expediente del caso al consistorio y ha dictado que el precinto se aplace temporalmente mientras se resuelve el asunto. Un asunto que comenzó con una denuncia por ruidos y que los Técnicos del Distrito de Gràcia decidieron cerrar la bodega. El trasfondo es el precio de insonorizar el local, cuyo presupuesto ascendía a unos 12.000 euros. Pero el Ayuntamiento lo rechazó y el Distrito exige otra reforma que asciende a 40.000 euros. Cifra que la propietaria no puede asumir y la lleva al cierre de un establecimiento que data de 1937 y ella ha dirigido los últimos trece años.
Cal Pep es otro de los locales antiguos que agonizan a causa de nuevas normativas municipales a menudo imposibles de cumplir. Con la inflexibilidad típica del colauismo y su desprecio al sector de la restauración y a los comercios históricos, el caso de las insonorizaciones está plagado de claroscuros y medidas sospechosas. Tal vez a Griselda López le interese callar por temor a las consecuencias. Pero no sería la primera vez que, como ocurrió en el Barrio del Raval, algunos inspectores municipales recomendaban las empresas que harían las reformas y ellos las aprobarían. Nadie investigó el turbio asunto. Enhorabuena a Celeste por plantar cara y confiar más en la Justicia que en el Ayuntamiento.