El empresario chino Yongmao Ji, cofundador del emporio Vivari, sigue amasando su imperio de macropanaderías low cost en Barcelona.
Su próximo movimiento: un nuevo local de 530 metros cuadrados en la calle Joan Güell 92, en pleno corazón de Sants, tal como ha adelantado Metrópoli.
Un espacio descomunal que promete pan y café a precios imbatibles, pero que levanta más sospechas que expectación entre los comerciantes del barrio. Esta misma calle ha visto como a lo largo de los años han proliferado este tipo de locales, que copan su oferta gastronómica en los bajos de los edificios.
Con su nuevo “buque insignia” en Joan Güell, Ji amplía territorio y presión: medio millar de metros cuadrados dedicados a la producción masiva, en una ciudad donde la panadería artesanal agoniza bajo el peso del pan congelado y los márgenes de supervivencia.
Este tipo de locales están en el punto de mira de los comercios de restauración tradicionales. Las macropanaderías se han cuadriplicado en sollo una década en la capital catalana, y ya suman cientos de establecimientos, la gran mayoría en manos de grandes cadenas como Vivari, 365 o Santagloria.
“Competencia desleal”, lo ha definido sin rodeos el presidente del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, que acusa a Vivari de incumplir la normativa municipal y operar como cafetería sin las licencias correspondientes. La organización empresarial ya ha interpuesto numerosas denuncias ante el consistorio para acabar con su actividad y que se les obligue a cumplir las normas que sí que siguen el resto de comercios de la ciudad. De momento, sin éxito, ya que a pesar de las denuncias, estas empresas han seguido operando de la misma forma.
Ji, el hombre sin rostro digital, dirige una red de unas 150 panaderías-cafeterías repartidas por toda Barcelona, operadas bajo un enjambre de sociedades que apenas dejan rastro fiscal. Según los registros mercantiles, ninguna de sus siete empresas ha presentado nunca cuentas, una opacidad que choca frontalmente con el éxito visible de su marca, omnipresente en cada esquina.
Las denuncias laborales se acumulan como migas bajo el mostrador: empleadas —en su mayoría mujeres migrantes— relatan jornadas abusivas, salarios ínfimos y contratos dudosos.