El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat vuelve a ser noticia. El consistorio, liderado por Alba Bou, ha retirado la subvención municipal a la entidad El Prat Gran Comerç tras su oposición a la tasa de residuos que se aplica desde este 2025.
El gobierno municipal ha retirado los 27.000 euros que se destinaban a la promoción del comercio local, rompiendo con una colaboración que se mantenía desde hace más de dos décadas y dejando a la asociación en una situación crítica.
La decisión llega justo después de que El Prat Gran Comerç impulsara un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para frenar la tasa de residuos, una iniciativa que también ha movilizado a miles de vecinos y al tejido empresarial del municipio.
Para los comerciantes, el mensaje es claro: quien cuestiona al gobierno, paga un precio. Su presidente, David Garcia, no duda en calificar la retirada de la ayuda como una “represalia”, aunque desde el consistorio aseguran que se debe a que el proyecto financiado “no había logrado resultados suficientes”, pero la explicación no convence ni a comerciantes ni a la oposición.
El Ayuntamiento sostiene que los fondos no desaparecen, sino que se “redistribuyen” en un sistema de subvenciones competitivas.
En un momento de caída del consumo y dificultades crecientes para el comercio de proximidad, el golpe económico es especialmente duro. La subvención, ya reducida el año pasado de 30.000 a 27.000 euros, permitía mantener la mínima estructura de la entidad, así como campañas históricas de promoción del comercio local.
Sin esos fondos, la asociación se ve obligada a despedir a su única trabajadora y a recortar prácticamente toda su actividad. Incluso la popular tarjeta de fidelización —que permitía a los clientes acumular un 1% del importe gastado para usarlo en otros comercios— queda ahora en el aire.