Barcelona contará, próximamente, con una nueva planta de generación de frío y calor para climatizar edificios, la tercera construida en la ciudad, que dará servicio a un centenar más de bloques del distrito 22@. Así lo ha anunciado este jueves, en una comparecencia en los jardines de Ca l'Aranyó, el concejal de Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia. Pero el proyecto no cuenta con el apoyo de todos los vecinos, y algunos de ellos han mostrado su inquietud en cuanto lo han conocido.
El motivo es que esta nueva planta se sumará a la red ya existente de Districlima, que distribuye frío, calor y agua caliente a 146 inmuebles de la zona, gracias a las otras dos instalaciones del Fòrum y de la calle Tànger, y que extrae parte de la energía de TERSA, la incineradora de residuos urbanos. Y esta última está siendo investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente después de que en 2018 la plataforma AireNet, de la que forman parte una veintena de asociaciones vecinales de Barcelona, Sant Adrà de Besos y Badalona, interpusiera una denuncia por las partículas contaminantes que emite al quemar la basura. Entre ellas, las dioxinas, sustancias potencialmente cancerígenas que, según un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de 2015, en la zona cercana a la incineradora se encuentran presentes hasta tres veces más que en el resto de Barcelona.
PROMESA INCUMPLIDA DE BCOMÚ
"Podríamos estar de acuerdo con el planteamiento, pero no a expensas de la incineradora", reivindican desde AireNet, que lo que exige es su cierre. Lamentan que "con esta decisión, lo que hace el Ayuntamiento es darle una razón para que siga existiendo". Señalan también que BComú rompe así una de sus promesas electorales de la campaña de 2015, cuando dijo que a finales del mandato anterior –que terminó en 2019– habría adoptado una "estrategia de residuo cero" y de "no llevar residuos a incinerar". Por todo esto, en conversación con Metrópoli exponen: "No solo incumplen, sino que después de casi siete años esto está peor. Ahora han reforzado a la incineradora, porque la han puesto en el centro de la solución contra la emergencia climática".
TERSA es, además, gestora de Barcelona Energia, la compañía eléctrica pública que puso en marcha Ada Colau en 2018. Esto no significa que el operador municipal venda energía no renovable generada desde la incineradora, aunque desde AireNet critican que es "contradictorio" nombrar "a una infraestructura contaminante para la gestión administrativa de empresa que se declara verde", como es el caso de la eléctrica municipal.
EL PROBLEMA DEL AGUA A MUY ALTA TEMPERATURA
Más allá de la emisión de partículas potencialmente peligrosas para la salud, que está en manos de la Fiscalía, Badia ha detallado en la presentación que la nueva planta estará cerca del cementerio y del mar para captar el agua que refrigerará los equipos. Una ventaja a ojos del concejal, pero que AireNet percibe como otro handicap: "Toman agua del mar para enfriar los equipos y cuando la devuelven sale mucho más caliente de como que entró, con los desequilibrios que esto supone para el medio", defienden. Algo que, afirman, ya ocurre actualmente en las plantas del Besòs. "Con el problema añadido que ahí lo vierten todo al río. Agua salada y a muy alta temperatura que va a parar a un entorno de agua dulce, la desembocadura del Besòs, que encima hace años que trata de renaturalizarse", añaden.
BAILE DE CIFRAS SOBRE LAS EMISIONES
La obra comenzará en 2022 y está previsto que entre en funcionamiento en 2024, aunque no operará a pleno rendimiento hasta 2032. Según las previsiones de la alcaldía, cuando esto ocurra se duplicará prácticamente la superficie climatizada, que será equivalente a 250 manzanas del Eixample.
Por otro lado, Districlima defiende que en 2020 evitó la emisión de 21.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, que sería el equivalente a retirar de la circulación a unos 36.300 vehículos al día. Una operación que va en consonancia con el compromiso municipal con la Declaración de Emergencia Climática, que fija la reducción de gases de efecto invernadero para 2030 en un 50% respecto a los de 1992.
Aunque durante los últimos ejercicios, TERSA ha continuado incinerando alrededor de 360.000 toneladas de residuos al año, el máximo que le permite la Generalitat. "No solo no han dejado de incinerar, sino que siguen quemando lo mismo [los documentos de la empresa certifican que en 2019 quemaron 351.000 toneladas, contra las 270.000 de 2020, cuando durante algunos meses descendió la actividad mientras se implementaban unos nuevos filtros]. Pero es que declaran la emergencia climática y continúan reforzando infraestructuras contaminantes, como en el caso de la planta anunciada este jueves por Badia", cuentan desde la plataforma vecinal antes de zanjar: "El cambio de actitud del gobierno Colau nos sorprende. De ser ecologistas a ponerse al lado de la incineradora. ¿Dónde está su conciencia verde?".