El Besòs i el Maresme encara la transformación urbana más ambiciosa de su historia reciente. Este viernes, la primera teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, y la líder de BComú, Gemma Tarafa, han anunciado un acuerdo estratégico para instar al Govern de la Generalitat para invertir 400 millones de euros en la regeneración de los barrios del eje del Besòs durante la próxima década.
Este pacto, fruto de las negociaciones que permitieron la aprobación de las ordenanzas fiscales el pasado mes de enero, compromete por primera vez a la Generalitat de Catalunya y al Consistorio en una estructura de gestión compartida que busca agilizar trámites que, hasta ahora, quedaban atrapados en el laberinto administrativo.
Una nueva estructura para una emergencia habitacional
El núcleo del anuncio es la creación de una nueva herramienta administrativa. No se trata solo de dinero, sino de capacidad de ejecución. Esta entidad, participada por ambas administraciones, operará con el objetivo de rehabilitar más de 4.000 viviendas que presentan un estado de conservación crítico.
Bonet y Tarafa reunidas este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona
Muchos de los inmuebles del Besòs i el Maresme sufren patologías estructurales graves, como la aluminosis o la degradación de forjados, derivadas de la rapidez y baja calidad de los materiales con los que se construyeron en los años 60.
Bonet ha señalado que desde el gobierno municipal son conscientes que hablar de regeneración urbana también significa hablar de "transformación social y económica, en definitiva, de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía".
El "retorno" del modelo de regeneración urbana
Para los Comuns, este acuerdo supone una victoria política y la recuperación de un modelo iniciado durante el mandato de Ada Colau que quedó en pausa. Gemma Tarafa ha reivindicado que su grupo ha "empujado al gobierno del PSC" para reactivar el plan.
La hoja de ruta no se limita al Besòs i el Maresme. El acuerdo también incluye un impulso decidido a la Trinitat Vella, donde se diversificarán los recursos del Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) para intervenir en fincas que actualmente están fuera de los circuitos de mantenimiento estándar.
Doce años para cerrar una brecha histórica
El horizonte temporal de 12 años —que cubriría tres mandatos municipales— es una garantía de estabilidad presupuestaria para un plan cuyos 400 millones de euros se destinarán a realizar inspecciones técnicas exhaustivas para detectar daños invisibles, así como a ofrecer subvenciones de hasta el 100% para familias en situación de pobreza severa.