Los Mossos d'Esquadra están investigando la situación del bloque de pisos del número 39 de la calle de Sagunt, en el barrio barcelonés de Sants. Este edificio está ocupado desde el 1 de marzo por 10 familias vulnerables, unas 20 personas en total, 4 de ellas menores de edad. Anteriormente a esta okupación, el inmueble permanecía vacío desde el año 2016.
El vecindario, que está formado principalmente por mujeres en situación de exclusión residencial, denunció el martes que la propiedad, la compañía Dinder Trade SL, había enviado a otra, City Lock, para "presionarles" para que "abandonaran" los pisos. Susana Naranjo (22 años), una de las okupas, asegura a este medio que un representante de la propiedad se acercó al inmueble junto a cinco "matones" amenazando a los vecinos con denunciarlos por allanamiento de morada.
POSIBLE DELITO DE COACCIONES
La policía catalana recibió el aviso de que City Lock había cambiado la cerradura para entrar a la finca. Fuentes de los mossos señalan que tuvieron conocimiento del cambio de cerradura y una patrulla identificó al representante de la propiedad y las personas que lo acompañaban. Según Naranjo, se trata de trabajadores de una empresa similar a Desokupa, que se dedica a expulsar a okupas.
La propiedad trasladó a los agentes que quería comprobar el estado de las zonas comunes y conocer cuantos pisos estaban okupados para informar al juez. "Se informó a la propiedad de la obligación de dar un juego de llaves a los vecinos para no cometer un delito de coacciones", explican desde la policía catalana.
DENUNCIA POR SALTARSE EL CONFINAMIENTO
Finalmente, los vecinos pusieron una denuncia contra la propiedad por ese delito y reprochan que solo recibieron un juego de llaves para todo el edificio. Cuando los mossos se fueron, un par de personas que representaban a la propiedad se quedaron con una actitud vigilante. Avisados por los vecinos, los agentes regresaron al lugar y denunciaron a tres personas por saltarse el confinamiento.
El martes hubo una concentración de protesta en la calle para pedir que se frene cualquier intención de desalojo de estos vecinos en situación de vulnerabilidad habitacional. Y máxime durante este momento de crisis sanitaria por la pandemia global del Covid-19.
MÁS DEL 25% DE POSIBLES DESAHUCIOS, EN SANTS-MONTJUÏC
Por otro lado, fuentes del distrito señalan que el Ayuntamiento llamó a los Mossos para "garantizar" que no se vulnerase ningún derecho o ley. En este sentido, recuerdan que, desde que se inició el aislamiento hace un mes, Barcelona ha pedido la paralización de todos los desahucios y una moratoria en el cobro de alquileres en el parque público municipal de vivienda porque allí viven personas con más dificultades.
Los equipos de emergencia del Ayuntamiento acompañan regularmente a unas 400 familias con expedientes abiertos por posible desahucio. En Sants-Montjuïc, al menos 116 familias están pendientes de vivienda, según fuentes municipales.