Un gran propietario ha conseguido abrir un bloque de 120 pisos turísticos a pesar de la prohibición que hay en Barcelona. Según avanza RAC1, el polémico edificio se encuentra en la calle de Tarragona, entre la calle de València y de Aragó.
El citado medio asegura que la propiedad ya ha empezado a echar a algunas de las familias. El resto de vecinos viven con incerteza en cuanto a cómo será su futuro con los turistas. Ya no van a renovar el alquiler de los inquilinos, ya que el fondo inversor los convierte en pisos turísticos con precios que ascienden a 200 euros por noche.
INSTALACIÓN DE TURISTAS
Los pocos vecinos que quedan en el bloque han podido comprobar que en algunas puertas ya hay códigos de acceso para la instalación de los turistas. De hecho, en el primer bloque se está haciendo un gimnasio y una lavandería.
Visitantes llegando a un piso turístico en Barcelona / HUGO FERNÁNDEZ
PISOS LEGALES
La mayoría de personas que viven en el bloque son de la tercera edad y lamentan que tengan que abandonar el bloque. La inmobiliaria Gallardo pidió lasa licencias en 2019, al poco tiempo de que la justicia tumbara las normas municipales de Colau en 2017, que prohibían este tipo de licencias. A pesar de que la sentencia no era firme, le han dado la razón al gran propietario.
La inmobiliaria asegura que el negocio es legal y que, a partir del próximo mes de mayo, los pisos turísticos entrarán en funcionamiento, obteniendo unos beneficios que se multiplicarán por seis en comparación al alquiler familiar que tenían hasta el momento.
INMOBILIARIA GALLARDO
La inmobiliaria Gallardo, propietaria de los pisos turísticos, es una compañía de Barcelona de capital familiar con medio siglo de historia, propiedad de Francisco José Gallardo Navarrete. Se dedica a la explotación en alquiler de sus propios bienes raíces. Estos comprenden viviendas, despachos, locales comerciales y naves industriales. Tras más de 50 años de actividades, acumula unos activos de 42 millones y un patrimonio neto de 38 millones.
Inmobiliaria Navarrete trasladó su sede social a Madrid a finales de 2017, cuando estalló el procés. Las oficinas barcelonesas se mantienen en la calle Pedro i Pons, junto a avenida Pedralbes.