Un bombero en la zona afectada por el derrumbe en el Putxet BARCELONA
Los vecinos afectados por el derrumbe del Putxet exigen una "indemnización íntegra" a la Generalitat: "Las ayudas no son suficientes"
El despacho Pérez-Pozo, que representa a cerca de 200 afectados, prepara una reclamación por daños materiales, morales y económicos, mientras negocia con la administración una vía extrajudicial para agilizar el cobro
Contexto: Desalojan ocho edificios del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón
Noticias relacionadas
El 7 de julio, un socavón de unos ocho metros de diámetro se abrió en un patio interior de manzana de la plaza del Putxet, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.
La Guardia Urbana desalojó de urgencia ocho fincas, 93 viviendas, entre las calles Rubinstein y Teodora Lamadrid. No hubo heridos, pero sí 85 personas atendidas por los servicios sociales y una tuneladora de las obras de la L9 del metro que se detuvo a escasos metros del agujero.
Primeros indicios
Los primeros indicios apuntan a la falta de hormigón "suficiente" para tapar una cavidad producida por el avance de la tuneladora, según explicó la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una entrevista en TV3.
La consellera remarcó que, tras inyectar hormigón, esas cavidades suelen quedar estabilizadas, pero que en este caso aflora en superficie. "Estamos convencidos de que la cavidad no debería haberse producido", admitió, aunque defendió la seguridad del proyecto: "Con esta tipología de construcción llevamos 43 kilómetros, queda uno".
Bomberos en el lugar de los hechos el día del derrumbe de El Putxet BARCELONA
Una reclamación colectiva
Tres semanas después, con parte de los vecinos todavía sin fecha de regreso, las familias afectadas no se han quedado de brazos cruzados. Juntos coordinan una reclamación colectiva contra la Generalitat de Catalunya y han puesto el caso en manos del despacho Pérez-Pozo, especializado en protección del patrimonio, que representa a día de hoy a cerca de 200 personas afectadas.
Los bomberos trabajan en el socavón del Putxet Barcelona
"Los responsables de los daños para nosotros, y además es una responsabilidad asumida por ellos, es la Generalitat", explica la abogada Carmen Pérez-Pozo Toledano, al frente de la reclamación en conversación con Metrópoli.
Según detalla, la administración catalana responde por "culpa in vigilando": "Tú, cuando promueves una obra civil o una obra pública, tienes que responder de que todas las personas a las que estás contratando cumplan con lo que has encargado".
Eso no impide, matiza, que después se reparta la responsabilidad entre los técnicos, la constructora o la empresa de la tuneladora.
Ayudas sí, pero no sustituyen a la indemnización
Uno de los puntos que más preocupa a los vecinos es si las ayudas ya activadas por el Govern, los anticipos de 1.200 euros por persona y las ayudas de hasta 2.000 euros mensuales por unidad familiar, restan cantidad a una futura indemnización. La respuesta de la letrada es clara: no.
"Las ayudas económicas que están dando son un primer paso, una primera muestra de buena voluntad, pero no son ayudas en sí, son anticipos, son dietas que hay que justificar. Si no, se pide la devolución", explica Carmen.
La delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz, y el director general de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat, Ramon Ramírez
Y añade la distinción de fondo: "Si son ayudas, son ayudas, y si hay una indemnización, es una indemnización. No tienen nada que ver la una con la otra". Lo que cubren esos anticipos --insuficientes, en sus palabras--, son gastos que la propia obra provoca, no un resarcimiento por el daño sufrido.
Tres tipos de daño: material, moral y económico
La reclamación que prepara el despacho abarca tres frentes. El primero es el daño material: la restitución de la vivienda tal y como estaba antes del socavón, con todo lo que eso implica. "Me han salido grietas, pero además han entrado tantos profesionales a ver mi piso que me han manchado las paredes, me han picado el parquet", relata Pérez-Pozo, que pone un ejemplo de lo que viven algunos vecinos.
El segundo frente es el daño moral: la angustia, la ansiedad y el desgaste emocional de meses fuera de casa. Aquí la abogada plantea una estrategia común para no dejar a nadie fuera: "No vamos a pedir a todos que vayan al psicólogo para tener un certificado. Vamos a pedir un daño moral para todos, porque la ansiedad, el no dormir, el estar nervioso, lo han pasado todos".
Obreros trabajando en el barrio del Putxet después del socavón
El tercer frente es el lucro cesante, es decir, lo que comercios y trabajadores dejan de ingresar por el desalojo, algo que también afecta a negocios sin grietas pero sin clientes por el corte de calle.
Inquilinos, propietarios y comercios
Tal y como asegura la letrada, no todos los afectados están en la misma situación, y eso condiciona la reclamación. "Hay tres o cuatro tipologías: el propietario que vive, el propietario que alquila, el propietario del local, el inquilino que tiene la actividad económica", enumera la abogada.
Los inquilinos, explica, tienen derecho a suspender el pago del alquiler si la vivienda no es habitable; los propietarios, en cambio, mantienen el derecho a cobrarlo, aunque en ese caso el pago recae sobre la Generalitat.
Bomberos el día del incidente
Para los locales comerciales, la reclamación se apoya en cifras: "Comparativa de lo que yo facturaba en julio del año pasado y lo que facturo ahora, o de los últimos cinco años". La abogada recomienda a todos los afectados guardar facturas, gastos e informes médicos desde el primer día, porque la cuantificación final de los daños todavía no se puede cerrar: la obra sigue detenida mientras se refuerza lo ya excavado y no se sabe con certeza si habrá nuevos desprendimientos.
La prioridad no es el dinero, es volver a casa
Según ha confirmado la Generalitat a este medio, el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona han informado a los vecinos de que la evolución favorable de los trabajos ha permitido avanzar en el proceso de retorno.
Los residentes del número 6 de la calle Rubinstein han podido volver ya esta semana y, la próxima, lo harán los del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles. Con estos dos movimientos, el Govern calcula que se ha superado el 60% del total de vecinos desalojados.
"El Govern estará hasta el final"
La delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, ha asegurado que ya se han gestionado los anticipos "de la gran mayoría de familias que lo han pedido" y ha anunciado que esta semana se ha activado el dispositivo para que los inquilinos puedan acogerse a la suspensión del alquiler. "El Govern estará hasta el final: hasta que la última familia pueda volver a casa", ha afirmado.
Por su parte, el director de Infraestructuras de Movilidad, Ramon Ramírez, ha explicado que la fase de estabilización está prácticamente concluida y que se han empezado a hacer sondeos y ensayos geofísicos adicionales en la calle para confirmar que el terreno se encuentra en condiciones normales.
El regreso del resto del vecindario de Rubinstein y Teodora Lamadrid dependerá de cómo evolucionen esas comprobaciones.
La confianza sigue siendo "frágil"
Pese a este avance, la confianza entre los vecinos sigue siendo frágil. "No se fían, y a pesar de que les dan información cada viernes de las medidas técnicas, tampoco se aclaran. Se ha perdido bastante la confianza en los técnicos de la Generalitat", reconoce Pérez-Pozo, que por eso pide que un perito externo certifique la seguridad de los edificios antes de autorizar cualquier regreso.
Inspecciones tras la aparición de un socavón en el Putxet por las obras de la L9
Esa es, de hecho, la mayor preocupación de las familias, por encima incluso de la posible pérdida de valor de sus viviendas. "Estamos en esa negociación de que no vuelvan si no hay garantías", resume Pérez-Pozo.
El despacho ya se reúne con el secretario general de Patrimoni de la Generalitat para trasladar las reclamaciones y, en paralelo, busca una vía extrajudicial que evite que los vecinos queden atrapados años en los tribunales.
La vía administrativa sigue su curso, pero el objetivo declarado es agilizar al máximo el cobro: que quien vuelva a casa lo haga con la certeza de que no le va a costar "ni un duro" más.
