El Ayuntamiento de Barcelona ha creado un protocolo dirigido a la Guardia Urbana para evitar los desalojos de okupas que no cuenten con una orden judicial. El gobierno de Ada Colau quiere que la policía local impida aquellos desahucios "no ajustados a derecho", en clara referencia a empresas como Desokupa , que actúan de manera extrajudicial.
Según ha informado el diario El Mundo, el procedimiento operativo, firmado por el jefe del cuerpo municipal, Evelio Vázquez, contempla que a partir de ahora será la Guardia Urbana, y no los servicios legales del Ayuntamiento, la encargada de analizar cada desalojo. El objetivo del protocolo es dar respuesta coordinada ante posibles prácticas coactivas o no ajustadas a derecho por parte de particulares o empresas para ejecutar un desalolojo.
EL PROTOCOLO
Ante estos desahucios fuera de la ley, la Guardia Urbana creará un incidente por amenazas o coacciones y lo transferirá a los Mossos d'Esquadra a quien corresponde este tipo de servicios. Si el agente local constata que el incidente no lo puede atender la policía catalana por falta de recursos, asignará una dotación de la Urbana hasta que el incidente pueda ser traspasado.
Cuando se haga una petición directa a la Urbana, y mientras lleguen los Mossos, la patrulla de la policía barcelonesa que acuda al lugar del desalojo deberá realizar las primeras actuaciones. Entre ellas están recabar información y valorar la conflictividad potencial de la situación, identificar a los implicados en el desalojo, valorar si se han realizado coacciones y observar si el personal de la empresa que lleva a cabo el desalojo tiene la licencia necesaria.
La Urbana deberá identificar a los testigos, garantizar la seguridad, evitar enfrentamientos entre personas en espacios públicos, valorar si es necesaria la presencia de los servicios sociales o la Oficina de emergencias sociales, y reclamar si es necesario un refuerzo policial.