Ultimátum del Ayuntamiento: dos meses para cerrar el CIE

Precinto al CIE y el Ministerio a los tribunales. El Ayuntamiento de Barcelona busca por todas las vías legales el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros. Un objetivo que en dos meses tomará forma en la Audiencia Nacional si el Ministerio de Interior no cumple con la orden de cese de actividad que el consistorio exigió en julio de 2016. ¿El motivo? Los resultados del informe de Bomberos: el centro no tiene ni plan de emergencias ni cumple con los protocolos vigentes, señala el regidor de Derechos Ciudadanos, Jaume Asens.

Ha sido en la mañana del miércoles cuando el Ayuntamiento ha presentado la orden de precinto que se efectuará de aquí a dos meses. Cabe destacar que el requerimiento de cese de actividad que instigó la administración local en ningún momento fue replicada por el Ministerio. “Ellos podrían haber ejercido su derecho si no estaban de acuerdo con esta orden, ya fuese de forma administrativa o contenciosa, por lo que al final la resolución ha sido firme y por lo tanto de obligado cumplimiento”, observa Asens.

NO SE ESPERA RESPUESTA ALGUNA

El silencio y la pasividad desde Madrid han llevado a Asens a adelantar el siguiente movimiento de ficha contra el Ministerio, dada su esperable (y nueva) “desobediencia” al dictamen municipal. “Somos conscientes que es muy probable que se siga con esta actitud reiterada de desatención”, ha contemplado el edil. Por ello, si los funcionarios e internos no abandonan las instalaciones de aquí a la última semana de mayo, el Ayuntamiento llevará al Ministerio ante la Audiencia Nacional para que el tribunal tome medidas cautelares.

“La actuación del Ministerio es frívola con la seguridad y con las personas que hay; tanto con los internos, como con los trabajadores y usuarios”, ha destacado el regidor. “No puede haber más muertos en el CIE, ni más denuncias de vulneración de los derechos humanos, ni más desatención ante los requerimientos de seguridad”, añadía posteriormente. Ahora bien, la acción de colocar el precinto nunca se producirá, ni formalmente por parte de la Guàrdia Urbana ni de forma simbólica, ya que este tipo de acciones solo se contemplan ante actividades privadas y no de administraciones públicas.

EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE SUS COMPETENCIAS 

Aún así, Asens ha asegurado que el equipo de Gobierno “utilizará todas las herramientas que nos ofrece el marco legal vigente; no haremos nada que no nos pertoque a nuestro marco competencial”, ha incidido en referencia a “hacer prevaler nuestras competencias en materia de seguridad”. Un ejercicio que en última instancia tendrá que dar sus frutos ante la sala de la Audiencia, ya que ·el éxito o no de esta decisión dependerá de los tribunales”.

Para tener las máximas de éxito jurídico, el Ayuntamiento ha encargado un informe externo al catedrático de derecho administrativo de la UB, José Esteve Pardo. Tal como ha constatado el regidor de Derechos Ciudadanos, el informe jurídico del académico “avala” las tesis que tenía intención de utilizar el mismo consistorio ante el encuentro que seguramente se produzca en la Audiencia.  

UNA SEMANA DESPUÉS DEL BROTE TUBERCULOSO

El anuncio se conoce una semana después de que saltaran a la luz pública los dos casos de tuberculosis detectados en el CIE de Zona Franca. Tras analizar a 208 personas internas o que trabajan en el centro, 127 dieron positivo a la prueba de tuberculea, aunque esto no quería decir que hubieran desarrollado la enfermedad. Para confirmarlo, se han realizado pruebas a más de un centenar de personas de las cuales, solo 2 la tienen.

Uno de ellos es un ciudadano cuyo estado ya está avanzado y controlado con medicación. El segundo es el de un policía que la había desarrollado aunque como confirmaron fuentes de la Policía Nacional, en ningún momento estuvo en contacto con el interno.