Bolsos por delante, cremalleras a la vista, brazos sobre las mochilas. Ciudadanos y turistas viajan en el metro con un ojo en el trayecto y otro en sus pertenencias. Los datos oficiales constatan que los hurtos en el suburbano han bajado un 26% desde 2009, pero a nadie se le escapa que entre los pasajeros pueda haber algún carterista.
Son habituales a pie de calle, pero sobre todo en el suburbano donde a veces las prisas o un simple descuido nos pueden jugar una mala pasada. Por ello, agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, tanto de uniforme como de paisano, han intensificado la vigilancia, aplicando medidas coercitivas como el veto en el metro de delincuentes reincidentes que ahora se aplica a 158 individuos.
UNA CIUDAD SUBTERRÁNEA
El inspector jefe de área de investigación criminal de Barcelona, Pere Pau Guillén, explica a Metrópoli Abierta que la medida, una pena accesoria que complementa a las ya impuestas por hurto, se empezó a contemplar en 2012. Los agentes del Grupo de Multireincidentes de los Mossos hicieron una interpretación extensiva del código penal para impedir que aquellos que no usaban el metro como transporte sino para cometer actos delictivos, tuvieran prohibido el acceso. “Para nosotros, el metro es una ciudad por debajo”, asevera el inspector.
Los Mossos realizaron un informe en el que demostraban que había personas que entraban en el metro a las 08:30 horas y hasta las 18:00 o las 19:00 horas no salían, dando vueltas entre vagón y vagón. “Paralelamente a las detenciones, se hacía un informe en el que se explicaba que, por ejemplo, una persona había sido detenida hasta 70 veces por hurtos” O incluso en más ocasiones, puntualiza el agente. La propuesta obtuvo el visto bueno de Fiscalía y entonces, se empezó a contemplar como una pena accesoria. Pero fue con la entrada del nuevo Código Penal, hace dos años, que el veto al metro aumentó exponencialmente hasta las 158 personas que a día de hoy no pueden bajar al suburbano.
EL 99% SE VA
Para poder aplicar esta denegación del acceso, los agentes solicitan la medida y si el juez está de acuerdo, se acaba aplicando esta pena accesoria que puede ir de los seis meses a los dos años de veto. Una condena que se suma a la propiamente por hurto. Con la sentencia en la mano, los Mossos o Guardia Urbana reciben la notificación de que hay una persona que no podrá entrar en las instalaciones subterráneas de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
“El 99% de las personas se van tras el veto”, explica el inspector jefe. Suelen viajar a otra ciudad europea, por ejemplo París, donde pueden seguir cometiendo hurtos en los suburbanos. La movilidad y la actuación por temporadas en seña de identidad de estos grupos que actúan en el metro. “Pero si se quedan y las patrullas lo identifican, se le acusa de un nuevo delito contra la Administración de Justicia, el incumplimiento de una resolución judicial”, añade Guillén.
El agente de los Mossos d’Esquadra sostiene que el perfil del carteristas reincidente suele ser el de un ciudadano de Europa del Este muy habituados a moverse por el continente. Además, explica que al ser la movilidad un factor clave de estos grupos, aprovechan grandes acontecimientos como las Fallas de Valencia o San Fermín, en Pamplona, para desplazarse unos días y acometer nuevos hurtos.