Rosa Peral y Albert López se sientan hoy en el banquillo acusados de asesinar a Pedro Rodríguez, que tenía 39 años en el momento de su muerte. Los exagentes de la Guardia Urbana, que entonces mantenían una relación sentimental, se enfrentan a 24 y 25 años de prisión, respectivamente. Ambos se acusan mutuamente del crimen.
La Fiscalía cree que los sospechosos, "conjuntamente o con la anuencia de otro", acabaron con la vida de Rodríguez, también compañero del cuerpo, y pareja de Peral cuando el policía fue asesinado, el 2 de mayo de 2017.
Los tres implicados en el crimen formaban un peligroso triángulo amoroso. En 2012, Peral y López empezaron una relación cuando la mujer aun estaba casada. Años más tarde, la acusada se divorció de su marido y empezó una segunda relación con Rodríguez. La víctima también estaba divorciado con otra mujer y tenía un hijo pequeño.
ASFIXIA, POSIBLE CAUSA DE LA MUERTE
El cuerpo de la víctima apareció totalmente calcinado en el área del pantano de Foix en el municipio de Castellet i Gornal. Los investigadores creen que los dos exguardia urbanos acabaron con la vida de la víctima en la casa de Peral al considerar que Rodríguez representaba un freno para su relación amorosa. La autopsia determinó que la posible causa de la muerte fue por asfixia, aunque también se hallaron restos metálicos que podrían pertenecer a una bala en el coche de Rodríguez.
El juicio arranca en medio de una gran expectación mediática en la Audiencia de Barcelona por un crimen que conmocionó la ciudad. Decenas de medios de comunicación se han acreditado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para seguir la vista.
PRIMEROS TESTIGOS
Este lunes se llevará a cabo la lectura de los escritos y las alegaciones, y a partir de mañana empezarán a declarar los primeros testigos. Un jurado popular formado por nueve personas (cinco mujeres y cuatro hombres) será el encargado de dictar la sentencia. Peral y López declararán ante el juez el 11 y 12 de marzo.
Los dos únicos sospechosos llevan 2 años y ocho meses en prisión preventiva. El pasado abril de 2010, se prorrogó esta situación por dos años más. La Fiscalía también reclama para ambos acusados una indemnización de 450.000 eros para el hijo de la víctima, 225.000 para el padre, 100.000 euros para sus hermanos y 10.000 para la exmujer, además de 10 años de libertad vigilada para ambos acusados.
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