El Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce como acusación particular en el juicio por los atentados de La Rambla de 2017, pide 95 años de cárcel para los trés únicos presuntos terroristas que serán procesados. La Generalitat pide 44 años de cárcel y, junto al consistorio, coincide con el criterio de la Fiscalía que, a diferencia de asociaciones de víctimas, descartan acusar a los tres jóvenes por delitos de asesinato.
La institución barcelonesa ha presentado su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional, que el mes pasado abrió juicio contra dos de los presuntos miembros de la célula y un tercero que cooperó con ella, por los delitos de integración y de colaboración con organización terrorista, además de fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas y estragos.
La Audiencia no ha procesado a ninguno de los tres investigados por las muertes y lesiones que provocaron los seis miembros de la célula fallecidos en sus ataques en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), aunque dejó abierta la puerta a que lo plantearan las acusaciones.
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
El Ayuntamiento evita acusar de asesinato a los tres procesados, a diferencia de las asociaciones de víctimas, como la AVT y 11M, o el Ayuntamiento de Cambrils, que piden para ellos prisión permanente revisable al considerarlos responsables de los muertos y heridos en los ataques.
De esa forma, el Ayuntamiento y la Generalitat ciñen el papel de los procesados Mohamed Houli Chemlal -superviviente de la explosión en el chalé de Alcanar (Tarragona)- y Driss Oukabir -a cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en Las Ramblas-, a su pertenencia a la célula terrorista y a la preparación de los artefactos para atentar.
SIN VINCULACIÓN CON YOUNES
No los vinculan a la masacre que Younes Abouyaaqoub causó con su atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, que dejó 14 cadáveres y más de un centenar de heridos, ni al ataque con machetes que otros cinco miembros de la célula perpetraron en Cambrils, acciones que improvisaron en cuestión de horas tras fallar sus planes de atentar con explosivos debido a la accidental deflagración de Alcanar.
Al tercer procesado, Said Ben Iazza, que regentaba una carnicería en Vinaròs (Castellón), le acusan de colaboración con actividades de organización terrorista por haber prestado a la célula una furgoneta frigorífica en la que transportar el peróxido de hidrógeno que precisaban para fabricar los precursores de los explosivos, así como la documentación necesaria para adquirirlo.
En nombre de los bomberos heridos en la segunda explosión de Alcanar -que ocurrió ya el 17 de agosto, mismo día de los atentados, durante las labores de desescombro en el chalé que horas antes había saltado por los aires-, solicitan penas que suman 41 años de cárcel para los dos presuntos miembros de la célula terrorista.
EXPLOSIÓN DE ALCANAR
El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, eleva las penas de esos dos procesados a 95 y 90 años de cárcel, respectivamente, al imputarles también las lesiones que causaron a 27 personas que resultaron heridas en la explosión de Alcanar y la posterior deflagración ocurrida durante el desescombro.
En sus escritos, los servicios jurídicos de la Generalitat, en representación de los mossos heridos en los ataques, piden 44 años para Houli y Oukabir por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, conspiración para cometer estragos y lesiones por imprudencia grave.
Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento solicitan una pena de ocho años de prisión, cinco de libertad vigilada y multas por un delito de colaboración con organización terrorista.
Además de las penas de prisión, la Generalitat solicita que los acusados indemnicen a los bomberos y a los mossos por "las lesiones físicas y psíquicas" y las secuelas sufridas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona pide ser resarcido por los daños materiales causados por los ataques en la ciudad, de acuerdo con la cantidad que se fije en sentencia.