Los traficantes del Raval han incrementado su presencia durante este verano. Las entidades del barrio cifran en 27 los narcopisos y puntos de venta de droga que operan en la actualidad, el triple de los que tenían detectados antes del confinamiento. Los vecinos sospechan de la existencia de otros 14 puntos de distribución, unos datos que dibujan un escenario con hasta 41 posibles pisos okupados usados para el tráfico de drogas.
Raval Rebel y Acció Raval, entidades vinculadas a la lucha por el derecho a la vivienda y contra la actividad de los narcopisos, respectivamente, han denunciado este lunes la pasividad con la que, dicen, actúan los propietarios de estas viviendas. Según los vecinos, muchos de los titulares son fondos de inversión que no denuncian la actividad de los narcotraficantes.
FONDOS DE INVERSIÓN
Las entidades afirman que tienen identificados a los propietarios de 13 de los 27 pisos ocupados en estos momentos por los traficantes. Ocho de ellos están en manos de diferentes entidades bancarias y fondos de inversión, tres están gestionados por la administración (Generalitat o Ayuntamiento de Barcelona), y otros dos son de particulares.
La actividad de las mafias de la droga se disparó con el fin de la estada de alarma el pasado junio. A principios de 2020, las redadas policiales redujeron a nueve los puntos de venta. El confinamiento limitó aun más la actividad de los camellos que siguieron vendiendo su mercancía desde cinco pisos.
PISOS VACÍOS
Acció Raval sigue denunciando que la presencia de numerosos pisos vacíos en el barrio de Ciutat Vella "es un fiel aliado de las mafias y la dejadez de sus propietarios contribuye a nuestra inseguridad". En el caso de la administración "el problema principal es la lentitud en reformar y entregar la vivienda pública, ya sea por mala legislación, burocracia excesiva o posible corrupción".
Para los vecinos, los fondos buitre son los principales responsables de favorecer la existencia del fenómeno de los narcopisos o puntos de venta. Raval Revel denuncia que muy pocas veces denuncian la actividad delictiva en pisos de su propiedad. Sin embargo sí lo hacen cuando se trata familias y personas "vulnerables". Es el caso de Mennana y Oussama, dos jóvenes que hace ocho meses okuparon un antiguo narcopiso en la calle Vistalegre, 14. Ahora se enfrentan a un desahucio "exprés" que tendrá lugar en unos 10 días.
PROCESO PENAL
"Entraron para cumplir con el derecho a la vivienda y evitar el uso como narcopiso. La respuesta de Blackstone (propietaria del piso) ha sido abrir un proceso penal que conllevará peores consecuencias que si se tratasen de narcotraficantes", ha criticado Miguel Martín, miembro de Raval Rebel en una rueda de prensa delante de la misma vivienda.
El juez ha dictado una sentencia de desahucio y una multa de 180 euros a cada uno de los dos inmigrantes, una cantidad que asumirá la entidad. La alternativa a no pagar la sanción es el ingreso en prisión durante dos meses, explican los vecinos. Raval Rebel exige a Blackstone que frene el desahucio y reclama un alquiler social para los dos jóvenes.