Maria Jesús no tiene libertad económica. Puede hacer la compra, pagar una comida en un restaurante, pero no puede pedir el préstamo que necesita para adquirir el local de su futuro negocio. Tampoco puede solicitar una nueva tarjeta de crédito o cambiarse de compañía de Internet. Son las consecuencias de estar en un fichero de morosos, concretamente, en dos.
Esta barcelonesa de 40 años vive su calvario particular desde enero de 2019. En La Línea de la Concepción (Cádiz), contrató una alarma de la empresa Securitas Direct para la vivienda de su madre. Un día después de pedir información por teléfono dos comerciales se plantaron en la puerta de su domicilio. "Tenían todo el teatrillo ensayado y preparado. Me di cuenta más tarde, mirando Internet, y me quedé fría", relata la mujer.
LA OKUPACIÓN, 'A LA ORDEN DEL DÍA'
Los vendedores le dijeron que la okupación estaba "a la orden del día". Que si contrataba su alarma, en caso de okupación ilegal, la policía acudiría rápidamente y podría echar a los okupas. Minutos después compró la alarma con tarjeta por unos 240 euros. Le pidieron sus datos: nombre, domicilio y DNI, que apuntaron en una tableta electrónica. María Jesús firmó esa información. La adquisición terminaba allí, según le dijeron. No había letra pequeña y jamás vio ningún contrato. Sí que debía pagar una cuota mensual por el servicio de unos 12 euros.
Tráfico un día entre semana en la avenida Diagonal de Barcelona / G.A
Sin saberlo, esta mujer se había comprometido a una financiación del equipo de seguridad por un coste de 600 euros que debía pagar poco a poco cada mes. La alarma no costaba 240 euros, sino que superaba los 600 euros. "Jamás imaginé que una empresa de seguridad podría timarme", señala.
SECURITAS: NO HAY FINANCIACIÓN
Su caso no es el único. Otras personas, de forma anónima, denuncian haber sufrido una escena idéntica. Sin embargo, desde Securitas Direct afirman que es "completamente falso" que ofrezca o gestione con sus clientes una financiación para la contratación de sus equipos y servicios. "Cuando un cliente adquiere una alarma tiene la posibilidad de pagar al contado o de aplazar ese pago en 36 o 48 meses. No se trata de ninguna financiación, pues no existen comisiones de apertura ni de cierre, ni se aplica ningún interés", señalan fuentes de la empresa a este medio.
El abogado de Maria Jesús, Álvaro García de Robles, del bufete Like Abogados, explica que Securitas tiene un acuerdo con CaixaBank mediante el cuál la entidad bancaria cobra parte de esa financiación. Su representada se negó a pagar la deuda a la empresa de alarmas por considerarla ilegítima. Cuando amenazó con demandarles, la empresa de alarmas dejó de insistir. A continuación la entidad financiera empezó a reclama el dinero. Tras negarse a pagar al coloso bancario recibió la etiqueta de "morosa".
DERECHO AL HONOR
El socio director de esta firma madrileña asegura que CaixaBank ha atentado contra el derecho de honor de su cliente cuando la colocó en dos ficheros de morosos. Por ello han demandado a la entidad bancaria por la "indebida inclusión de datos de un cliente" en un fichero de estas características. La supuesta víctima exige una indemnización de unos 2.500 euros. Consultados por Metrópoli Abierta, desde CaixaBank han declinado hacer declaraciones al respecto.
RECLAMACIÓN DE 400 EUROS
María Jesús no supo que había firmado esta supuesta financiación hasta dos meses después de comprar el equipo. Llamó porque quería darse de baja del servicio, pero la empresa le reclamó los 400 euros que faltaban por pagar. "Empecé a investigar por Internet y entonces vi el correo electrónico en mi bandeja de entrada con el contrato estampado con mi firma. Ni siquiera me habían enseñado el contrato", se queja.
Placa de la empresa Securitas Direct en la calle Pau Claris de Barcelona / G.A
El mensaje que recibió contenía un enlace. Al pinchar en él automáticamente se activa el contrato. Pero ella ni siquiera pinchó porque no vio el correo electrónico. "No caí en la trampa de casualidad". Aun así, a ojos de Securitas había firmado un contrato y se había comprometido a esa financiación. La empresa defiende que existe un protocolo "claro" que incluye la "explicación al cliente con total claridad de los mecanismos de pago aplazado de los equipos.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
La compañía argumenta que, tras la contratación de la alarma, el cliente recibe en su correo un enlace para descargar el contrato. Después el departamento de Atención al Cliente hace una "llamada de verificación, en la que se confirman las condiciones. También existe un periodo de desistimiento de 14 días, como establece la Ley de Consumo", explica. María Jesús contradice la versión de la empresa. Nadie la llamó para verificar el contrato y asegura que los comerciales le dijeron que tras un año de cliente le rebajarían la cuota del servicio como premio a su fidelidad. "En realidad estaría terminando de pagar el equipo", observa.
Su abogado, García de Robles, explica que la "financiación oculta" de Securitas tiene como resultado que los clientes que no paguen sean incluidos en un fichero de morosos. Asegura que, haciéndolo, la entidad bancaria incumple la Ley de Protección de Datos. La cesión del contenido de la financiación de Securitas a Caixabank, añade, "se debe comunicar al cliente".
LIBERTAD ECONÓMICA
Con la presentación de la demanda Maria Jesús ha logrado salir de una de los dos listas en las que estaba. Ahora, espera poder ganar el juicio y recuperar la libertad económica que ha perdido.