Piden tres años de cárcel a un manifestante de Vox por increpar a dos jóvenes con una bandera LGTBI

La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación ha solicitado tres años de prisión para un hombre acusado de dos delitos de amenazas con el agravante de un móvil discriminatorio por motivo de orientación sexual hacia sus dos víctimas, en el transcurso de una manifestación de Vox en Barcelona.

Los hechos en cuestión se produjeron el 23 de mayo del año pasado durante una manifestación convocada por Vox en Barcelona en protesta por la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19. Entre los participantes en esta manifestación, sostiene el fiscal en su escrito de acusación, se encontraba el acusado, E.C.G, de nacionalidad española y sin antecedentes penales.

"MARICONES DE MIERDA, DEGENERADOS, HIJOS DE PUTA"

Sobre las 13:00 horas, el acusado se cruzó en la calle con D.F.F. y V.P.H, quienes exhibieron ante los manifestantes de Vox una bandera del arco iris, acción de "protesta" que realizaron de "forma pacífica", sin "increpar o insultar" a nadie y dentro del ejercicio de su libertad de expresión, subraya el ministerio público. En ese momento, varios manifestantes profirieron insultos a los dos hombres como "maricones de mierda" y "lesbianas de mierda", "degenerados" o "hijos de puta".

El acusado, movido según el fiscal "por su animadversión a la orientación sexual homosexual de las personas", se dirigió entonces expresamente a los dos hombres en "actitud agresiva y hostil" y, con el fin de "perturbar su tranquilidad y de denigrarles públicamente", les lanzó "expresiones amenazadoras e insultantes".

"Hijo de puta, eres una mierda, ven aquí que te voy a matar, hijo de puta", "marica, marica, baja marica, baja marica, marica, hijo de puta", "maricón de mierda te voy a matar", son algunas de las amenazas que profirió el acusado, según consta en el escrito de Fiscalía.

18 MESES DE PRISIÓN

Por estos hechos, el fiscal solicita 18 meses de prisión por cada uno de los dos delitos de amenazas con el agravante de discriminación por motivos de orientación sexual, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena y el pago de las costas procesales.

Además, el ministerio público pide la prohibición de acercamiento a las dos víctimas en un radio de 1.000 metros, cualquiera que sea el lugar en el que encuentren, incluido su lugar de trabajo y residencia, así como de comunicación con los mismos por cualquier medio o procedimiento, por tiempo de 5 años superior al de la condena de prisión que se imponga.

En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público reclama una indemnización de 1.000 euros para cada una de las víctimas por los "daños morales inherentes a los hechos".