La tragedia del pequeño Slam retrata una cruda realidad: 156 niños viven en locales okupados

Slam tenía tres años. Su hermana, unos pocos meses. Murieron este martes junto a sus padres (V.D de 40 años y  N.I. de 41 años) víctimas de un fatal incendio en una antigua oficina bancaria que okupaban en la plaza de Tetuan de Barcelona. El Ayuntamiento atribuye la tragedia a la "pobreza" y la "exclusión" de esta familia inmigrante sin papeles. Para los vecinos la administración podría haber hecho mucho más para evitar la fatalidad. La triste noticia recuerda una realidad tozuda: la preocupante cifra de menores que viven en asentamientos y locales de la capital catalana. Son 209, según las cifras municipales.

Los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio que causó heridas leves (inhalación de humo) a otros cuatro adultos que convivían con la familia. Cuatro horas antes, sobre las 02.00 horas de la madrugada, agentes del cuerpo acudían para mediar en una pelea entre algunos ocupantes. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, descartaban esta mañana que la bronca tuviera relación alguna con el origen del fuego.

88 INTERVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO

La oficina donde vivía la familia pertenecía a la entidad financiera Evo Banco, según ha afirmado el Ayuntamiento a través de su teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez. Existía un procedimiento judicial en marcha, pero no una orden de desalojo. Los servicios sociales municipales conocían de sobra a las víctimas. Realizaron "88 intervenciones" con ellos desde setiembre de 2020, cuando detectaron a esta familia que malvivía vendiendo chatarra. Sin embargo y a pesar de reconocer que el local era una infravivienda, el consistorio no les ofreció una alternativa –una pensión– porque, según ha explicado Pérez, habría sido "peor".

Bomberos, policías y ambulancias acuden al incendio en la plaza de Tetuan / CEDIDA

En una rueda de prensa donde la regidora de Barcelona en Comú detalló la actuación de los servicios sociales con la familia, Pérez ha señalado que la venta de la chatarra hubiera hecho "muy difícil encajar otras alternativas" de vivienda. La concejala ha "lamentado profundamente la pérdida de cuatro vecinos" y ha apelado a redoblar los esfuerzos desde las administraciones para garantizar el derecho a la vivienda.

En Barcelona, 384 personas viven en diferentes asentamientos chabolistas. De estas, 53 son menores. La okupación de locales, que ha proliferado en los últimos años, tiene un impacto también en los niños que viven en ellos. Son 156 niños repartidos en 105 locales que acogen a un total de 481 personas.

TRISTEZA VECINAL

La tristeza ha invadido a vecinos del edificio 19-20 de la plaza de Tetuan, como Miquel Guimerà. Uno de sus hijos acostumbraba a jugar con Slam, el pequeño de tres años. Al mediodía, seis horas después del incendio, los objetos de los ocupantes descansaban en la acera envueltos en bolsas de basura y custodiados por policías. "Era una familia tranquila. Sabíamos que algo iba a pasar, pero no esto. Quizá una reyerta entre las personas que vivían allí, pero no lo que ha sucedido", comentaba Miquel, muy solicitado por las decenas de periodistas que merodeaban alrededor de la cinta policial que cortaba el paso.

Las imágenes del local okupado muestran un espacio amplio, limpio y arreglado con suelo de parqué. Hace poco más de un mes, el 18 de octubre, el consistorio inspeccionó el local y dictaminó que no existía un "riesgo inminente" que conllevara un desalojo inmediato. "Si hubiéramos detectado un riesgo, habríamos actuado inmediatamente", subrayaba la regidora de Derechos Sociales. Pérez no aclaró ante los medios si los inquilinos pinchaban la luz. "El Ayuntamiento no ha pagado la luz. No sabemos quien lo hacía", relató. Miquel, en cambio, sí afirmó que los ocupantes conseguían el suministro eléctrico de manera fraudulenta.

INFORME DE MOSSOS

A los Mossos les consta una okupación de la oficina desde enero de 2020. Un año más tarde, en enero de 2021, la policía catalana incluía el local en un informe sobre naves y espacios okupados. Se trata de un documento realizado después del grave incendio de una nave industrial en Badalona en el que murieron dos personas y otras 19 resultaron heridas. El informe aglutina toda la información disponible en relación a estas ocupaciones ilegales para facilitar la prevención de incidentes y la asistencia de sus inquilinos.

El caso de la familia de Slam recuerda mucho a la okupación de la calle de Reus de Sant Gervasi avanzada por Metrópoli. Allí, una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social ha sido okupada por una pareja y sus dos hijos pequeños de seis y ochos años. La luz pinchada provoca cortes continuos al resto del vecindario. Esta vez, sin embargo, parece que el juez que tramita la denuncia ha actuado con más rapidez y el juicio se celebrará a mediados de diciembre. Además, en una circunstancia muy poco habitual, la comunidad de vecinos ha sido reconocida como acusación particular.

Interior del local okupado en la plaza de Tetuan 

Bajo el lema No son muertes, son asesinatos, 200 personas se manifestaban a última hora de la tarde enfrente de los bajos devorados por las llamas. Convocados por la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicat de l'Habitatge de l'Eixample Dret, los concentrados cargaron contra las "ineficaces" políticas en materia de vivienda de Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno.

"NO HUBO DESPROTECCIÓN INFANTIL"

El gobierno municipal ha criticado el sistema de ayudas estatales y de la Generalitat por estar condicionadas a una situación administrativa regular. Además, Pérez ha criticado que familias como la de Slam no podrían haber accedido jamás a la Mesa d'Emergència porque el Ayuntamiento solo puede derivar a las familias sin papeles que han sido previamente desahuciadas.

Fuentes de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) señalan a Metrópoli que no tenían ningún expediente abierto sobre la familia ni ninguna información relacionada con ella. "El caso estaba bajo seguimiento de los servicios sociales municipales", comenta la DGAIA, organismo que se encarga de la tutela de los menores desamparados en Cataluña. Pérez, en cambio, afirmó que la Generalitat sí conocía a la familia a través de los equipos EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència). Según la concejala, el Govern valoró que se trataba de una situación de "pobreza" y "exclusión", pero que en ningún caso existió "desamparo" ni "desprotección infantil". "Existía un interés de protección de los padres hacia los menores", concluye la regidora.