'Atrapados' en una pensión: así engañó a una familia la mafia de la 'okupación'

La escena llamó la atención a una vecina del Besòs i Maresme de Barcelona. Ocurrió enfrente del número 2 de la calle de Albania el pasado lunes 29 de noviembre a las 11.00 horas. Una niña de 10 años lloraba abrazada a su perro. A su lado, su hermano de 16 años y sus padres, un matrimonio formado por Guranda (39 años) y su marido de 41. Junto a ellos, en la acera, había unas bolsas de basura con algunos de sus objetos personales. La policía los acababa de desahuciar por orden de un juez. 

Empezar una nueva vida en una ciudad extranjera nunca es fácil, pero se puede complicar por momentos. Le ocurrió a esta familia original de Georgia cuando su camino se cruzó con las denominadas mafias de la okupación, criminales organizados que mercadean con la miseria y la necesidad de los más vulnerables. Guranda Khaburdzania pagó 3.000 euros a un conocido grupo de delincuentes del barrio de Sant Martí para instalarse en una vivienda. Ella creyó que días después firmaría un contrato de alquiler. Pero la única visitó que recibió fue la de varios funcionarios de la justicia con un aviso por desahucio.

VIVIR EN 10 METROS CUADRADOS

"Durante este último año no he tenido un solo día normal", relata la mujer sentada en una terraza del paseo de Colón con un té en las manos. Cuenta que está hecha un manojo de nervios y que su cabeza solo puede pensar en una cosa: encontrarle a su familia un hogar de verdad que tenga cocina, un salón, un baño con ducha y tres habitaciones. Desde el lunes, su hogar se concentra en una pequeña habitación de 10 metros cuadrados de una modesta pensión del Gòtic. Es la alternativa de emergencia que ha encontrado el Ayuntamiento. No dispone de ducha, que es compartida por todos los usuarios de este alojamiento.

Las pertenencias de la familia de Guranda en el coche de una vecina del Besòs / CEDIDA

A Guranda le acompaña el pequeño Toby, un simpático perro salchicha que no se separa de su hija. La pensión prohíbe la entrada del animal y, en un primer momento, los servicios sociales le recomendaron que lo dieran a una perrera. Pero no todo es negro o gris en el destino de esta familia. La vecina del Besòs, que pide anonimato, está decidida a ayudarles en todo lo que pueda y se ha volcado en ello. De momento el can se queda en su piso a la espera de que encuentren una nueva vivienda. Esta mujer también realizó dos viajes con su coche para trasladar sus cosas hasta el albergue.

INFORME DE SERVICIOS SOCIALES

"Estamos hablando de una familia funcional que no conocía ninguna red comunitaria ni a nadie a quién recurrir. Es vergonzoso que no pueda acceder a ninguna ayuda más", explica la residente, vinculada a las actividades reivindicativas de la Asociación de Vecinos Maresme. La mujer tiene un contrato como trabajadora de la limpieza para una familia y cobra unos 1.000 euros mensuales. El marido consigue empleos esporádicos haciendo reformas. Los ingresos de los dos hacen imposible que se puedan costear un alquiler superior a los 600 euros.

La familia ha sido atendida por los servicios sociales municipales y el Servei d'Habitatge del Consorci d'Habitatge (formado por la Generalitat al 60% y el Ayuntamiento al 40%). "Se trata de una familia en situación de vulnerabilidad con un informe de servicios sociales", explica un portavoz del consistorio. El desahucio se llevó a cabo porque en el piso había una "ocupación sin título". El domicilio es propiedad de Divarian, una sociedad filial del fondo Cerverus, que posee un gran número de pisos. Así consta en el auto judicial del desalojo del juzgado de primera instancia nº 53 de Barcelona al que ha tenido acceso esta redacción.

LA 'OKUPACIÓN', BAJO EL CONTROL DE UN CLAN

En el Besòs i Maresme conocen bien al clan familiar que le vendió las llaves a Guranda. En este barrio barcelonés, la ocupación ilegal se ha convertido en otro negocio ilícito más controlado por un grupo muy reducido de personas. "La okupación ha dejado de ser libre. La manejan dos familias", asegura esta mujer. Estos individuos gestionan la ocupación de familias sin recursos en pisos vacíos previo pago de una suma de dinero. Si es necesario, también las echan para dejar paso a unos nuevos inquilinos furtivos.

Guranda y su familia viven en esta habitación hasta que encuentren una alternativa / CEDIDA

Guranda ha vivido más de un año con la incertidumbre de verse en la calle. Su abogado aplazó en tres ocasiones el desalojo, pero finalmente se ejecutó el lunes. Durante todo este tiempo intercambió mensajes por Whatsapp con una gestora de Divarian. La sociedad le ofrecía 5.000 euros a cambio de abandonar pacíficamente la vivienda y retirar las demandas. Dos semanas antes del desahucio le ofrecieron una segunda opción: un alquiler de 600 euros.

 EL SUPUESTO ENGAÑO DE DIVARIAN

La mujer creyó ver luz al final del túnel y se movilizó para conseguir el contrato de trabajo y las nóminas que le pedían. Cuando el pasado viernes entregó la documentación, la gestora le pidió la información laboral de su marido. Ella le dijo que trabajaba puntualmente, pero que no tenía contrato. La gestora le comunicó que con 1.000 euros no podría costear el alquiler y los gastos de la familia y, finalmente, le escribió: "La propiedad no hace alquileres". Guranda se siente engañada y denuncia que le marearon durante dos semanas para ganar tiempo hasta la fecha del desahucio.

La familia cumple, al menos, tres criterios de prioridad marcados por el Consorci d'Habitatge para otorgar una vivienda de emergencia social por pérdida de vivienda: la presencia de menores, el lanzamiento judicial y que no dispongan de una red social o familiar de apoyo. Sin embargo, denuncia que miércoles, la Oficina d'Habitatge de Barcelona le ha comunicado que no puede optar a la mesa de emergencia habitacional por no cumplir criterios. Uno de ellos, según explica la vecina –que junto a un trabajador social la ha acompañado a la oficina– es que solo lleva seis meses empadronada.

"ROBO" DE PERTENENCIAS

Con los escasos ingresos familiares, la familia también envía dinero a su tercera hija, la mayor de 22 años. Estudia y trabaja en Georgia, pero su sueldo de unos 100 euros mensuales apenas le sirven para cubrir los altos alquileres en un país con un coste de vida muy elevado. Tras abandonar casi todos sus enseres en el piso de la calle de Albània, la familia sufrió un percance con unos operarios enviados por Divarian. Sobre las 17.00 horas, los hombres que supuestamente debían cambiar la puerta del piso desahuciado e instalar una alarma, se estaban llevando su televisión y varios objetos personales.

La vecina llamó a los Mossos d'Esquadra, avisó a más vecinos que se enfrentaron a los operarios y lograron frenar el "robo" de sus enseres. Ahora tienen 15 días para recoger el resto de pertenencias. En la diminuta habitación del Gòtic se amontonan los objetos que pudieron llevarse. El albergue es el nuevo hogar de esta familia hasta que encuentren algo mejor. Ellos deberán buscar un piso que puedan asumir. Según explica la mujer, el Ayuntamiento se compromete a ayudarla con la fianza.

REGRESAR NO ES UNA OPCIÓN

Guranda, que tiene el NIE (permiso de residencia para extranjeros) tiene ganas de que su marido consiga los papeles para visitar a su familia en Georgia. A pesar de las dificultades actuales, no se plantea regresar a su país. "Allí las cosas son más difíciles", comenta.