La Audiencia de Barcelona ha condenado a un inspector de la Policía Nacional y un subinspector jubilado en el marco de una trama de narcotráfico que usaba el puerto de Barcelona como punto de acceso.
El inspector ha sido condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 795.000 euros por los delito contra la salud pública con el agravante de ser el jefe de la organización y la cantidad de drogas traficadas. También pesa sobre él el delito de revelación de secretos por parte de un funcionario público . Por su parte, el subinspector jubilado pasará los próximos cinco años y medio en prisión y tendrá que pagar una multa de 815.000 euros por un delito contra la salud pública. En su caso, también pesa el agravante de la cantidad traficada pero tiene el atenuante de la drogadicción.
Por el mismo caso han sido también condenadas otras 26 personas, con penas de cárcel que oscilan entre los 9 meses y los 10 años de cárcel por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, coacciones y defraudación del fluido eléctrico. El tribunal ha absuelto finalmente a 4 sospechosos.
MÁS DE 200 KILOS DE COCAÍNA
Según ha podido demostrarse, el responsable de una empresa logística ubicada al lado del puerto barcelonés aprovechó las instalaciones para descargar unos 200 kilos de cocaína, ocultos en un contenedor procedente de Brasil. La operación pudo hacerse gracias a que el inspector, que trabajaba en la Unidad de Drogas de la Policía Nacional, ayudó a ocultar la operación. También colaboró el subinspector jubilado.
Contenedores de mercancías en el Puerto de Barcelona / PUERTO DE BARCELONA
El inspector "aprovechó su condición de policía, aleccionó a otros partícipes en la ilícita actividad para comunicarse de manera que no pudieran ser descubiertos, para adoptar medidas de precaución en cada uno de sus encuentros y les facilitó datos e informaciones que precisaban para el desarrollo con menos riesgos de su actividad delictiva y para dificultar la actuación policial" si eran descubiertos, consideran los magistrados.
Y es que el policía en activo entró en las bases de datos para obtener números de matrículas de vehículos policiales que les seguían y datos de empresas, entre otros. Dicha información se la facilitó a los narcotraficantes para que pudieran proceder sin ser descubiertos.