Desarticulada una organización que okupaba pisos con menores y los alquilaba a terceros
La banda usaba a mujeres y a niños para ralentizar los desalojos
29 noviembre, 2022 15:19Noticias relacionadas
Los Mossos d'Esquadra desarticularon el pasado 15 de noviembre una organización criminal que okupaba pisos en Barcelona usando a menores de edad para evitar un posible desalojo y, pasados unos días, alquilar los inmuebles a personas que se encontraban en situación irregular en el país.
A raíz de la investigación se han detenido a nueve personas, cinco de las cuales están consideradas el "top 5" de miembros relacionados con este tipo de okupaciones en Barcelona, según ha explicado el jefe de la División de Investigación Criminal en Barcelona, el inspector Josep Naharro.
CASI 100.000 EUROS
La investigación ha sido, según Naharro, "muy difícil" porque no hubo ninguna denuncia por parte de las víctimas dada su necesidad, por la situación de vulnerabilidad en la que algunas se encontraban.
En los últimos cuatro meses de la investigación, los que se tiene registro de la actividad delictiva de la organización --aunque se inició al menos desde 2020--, hay constancia de 12 okupaciones y 12 tentativas de ocupación más.
Por el alquiler de estos inmuebles, la organización obtuvo en los últimos cuatro meses ingresos por valor de una media de 24.000 euros al mes, un total de 96.000 euros brutos.
'MODUS OPERANDI'
El modus operandi del entramado, que actuaba principalmente en la zona de Sants-Montjuïc y en L'Hospitalet de Llobregat, era buscar inmuebles vacíos de entidades bancarias y entrar en ellos simulando una "okupación vulnerable" usando a mujeres y niños para activar el procedimiento a través de servicios sociales y así ralentizar el desalojo.
Después de dar por consolidada la okupación, pinchando la luz y cambiando la cerradura, se lucraban a través de diferentes formas: alquilaban el inmueble por habitaciones cobrando entre 200 y 500 euros a los inquilinos; alquilaban el piso entero por unos 1.000 o 1.500 euros; lo vendían a un precio simbólico de unos 5.000 euros o bien pactaban con el propietario legítimo a cambio de entre 8.000 y 10.000 euros.
Naharro ha enfatizado en que se trata de un grupo organizado "conocedor del código penal", puesto que ninguno de los delitos se cometió con violencia o intimidación para no agravar las penas.
LA RED
Ha definido el grupo como una "red empresarial vestida de organización criminal" por la estipulación y división de las tareas antes y durante los hechos delictivos. Por un lado se encontraban tres líderes que supervisaban en todo momento el procedimiento de la ocupación y tenían subcontratadas a tres mujeres en situación regular que cobraban 500 euros por la entrada y pernocta en los inmuebles junto a los menores de edad, que eran sus hijos o sobrinos y no se encuentran en edad escolar.
También estaban involucradas tres personas más que se encargaban de la parte técnica de cambiar los cerrojos, pinchar la luz y cobrar a las personas a las que alquilaban los pisos.