Investigados cinco responsables de una empresa moderadora de contenidos de TikTok. Un juez de Barcelona ha citado como investigados a cinco directivos de la empresa Majorel SP Solutions, subcontratada por TikTok para moderar contenido, tras admitir a trámite la querella presentada por una exempleada que denuncia haber sufrido graves secuelas psicológicas debido a las condiciones laborales extremas a las que fue sometida.
La denunciante, una trabajadora de origen alemán, asegura que durante cuatro años estuvo expuesta diariamente a imágenes de extrema violencia —incluyendo asesinatos, suicidios, decapitaciones, abusos sexuales a menores y actos de terrorismo— sin el debido apoyo psicológico ni medidas de protección laboral.
Una baja de seis meses
Entre los síntomas que presentó se incluyen vómitos, taquicardias, ansiedad, pesadillas y una depresión que la obligó a coger la baja durante seis meses, tras lo cual fue despedida.
Imagen de archivo de una persona usando Tiktok
Según el auto judicial, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona considera que los hechos podrían constituir delitos de acoso laboral, lesiones por imprudencia y vulneración de la seguridad en el trabajo.
Por ello, ha citado a declarar como investigados a los responsables de la empresa el próximo 29 de septiembre.
Elaboración de un informe forense
Además, el magistrado ha convocado a la denunciante para el 14 de julio, fecha en la que también se ha programado la comparecencia de tres testigos. Para valorar el alcance de las secuelas psicológicas, el juez ha ordenado también la elaboración de un informe forense.
La querella, presentada el pasado 8 de abril, pone el foco en las condiciones que vivió la trabajadora entre 2019 y 2024 en la sede barcelonesa de Majorel SP Solutions.
Según su testimonio, debía visionar entre 800 y 1.200 vídeos diarios, muchos de ellos de hasta tres o cuatro minutos, sin que la empresa le informara previamente del tipo de contenido al que estaría expuesta.
Sin acceso a acompañamiento psicológico
Durante los primeros años de su actividad, entre 2019 y 2021, no tuvo acceso a ningún tipo de acompañamiento psicológico, y más adelante, según denuncia, la atención ofrecida era insuficiente y no la prestaban profesionales cualificados.
Además, la empresa no comunicaba de forma clara a la plantilla la existencia de estos servicios de apoyo.
El juez ha requerido a la empresa que identifique a la persona que ejercía como responsable de prevención de riesgos laborales durante el periodo en que la mujer estuvo contratada, y ha abierto piezas separadas del procedimiento para estudiar posibles responsabilidades civiles derivadas del caso.