Una ciudadana ha denunciado a Cementiris de Barcelona tras descubrir que la tumba de su padre en el cementerio de Sant Andreu había sido vaciada.
Según informaciones que ha recogido Betevé de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, los restos fueron retirados sin previo aviso el 2 de marzo de 2023 y trasladados al osario general, alegando impago de la concesión funeraria.
La sorpresa fue mayúscula cuando, meses después, la mujer acudió al cementerio y se encontró la sepultura completamente vacía.
Cementerio de Sant Andreu
Al solicitar explicaciones, le informaron de que la exhumación se había realizado por la caducidad de la concesión, una modalidad de uso temporal del espacio funerario sujeta a pago anual.
Sin embargo, tras revisar la documentación, la afectada comprobó que las notificaciones del impago y del procedimiento de caducidad se enviaron a una dirección incorrecta que no coincidía con su domicilio oficial.
Además, Cementiris de Barcelona no realizó un segundo intento de notificación ni consultó el padrón municipal para verificar la dirección correcta, tal como exige la Ordenanza Municipal de Cementiris y la jurisprudencia vigente.
Faltas en el procedimiento
La Sindicatura califica de “irregularidades administrativas” las deficiencias detectadas en el proceso.
En concreto, apunta que se procedió a la publicación de la notificación en el diario oficial después de un único intento fallido de contacto, sin la diligencia mínima exigida para garantizar que la afectada fuera correctamente informada.
La ejecución del vaciado de la tumba tampoco se documentó adecuadamente: no se aportó ninguna imagen del estado de la sepultura antes de la exhumación, un hecho que, según el síndic, debilita la justificación de la medida adoptada por Cementiris.
Reclamación y posible indemnización
La ciudadana inició el 22 de octubre de 2024 un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial contra Cementiris de Barcelona, al considerar que los hechos fueron fruto de una negligencia.
Sin embargo, la empresa pública desestimó la reclamación alegando que había prescrito.
La Sindicatura, por su parte, considera esta decisión “jurídicamente cuestionable”, dado que el plazo de prescripción no debería empezar hasta que la persona afectada tenga conocimiento efectivo del daño, en este caso, cuando descubrió la tumba vacía.
El organismo también señala que el procedimiento de reclamación no respetó todas las garantías legales, como el derecho de audiencia o la posibilidad de subsanar deficiencias en la solicitud, lo que podría afectar a la validez del proceso.
Cementiris defiende que siguió el "protocolo establecido"
Desde Cementiris de Barcelona explican que actuaron "siguiendo los protocolos establecidos ante un caso de impago".
Según detallan, la titular de la sepultura dejó sin abonar las cuotas correspondientes a los años 2021 y 2022, necesarias para renovar la concesión.
Por esta razón, en mayo de 2022 se inició un expediente de caducidad por impago, acompañado del envío de las correspondientes notificaciones y publicaciones edictales.
Al no obtener respuesta, en agosto de 2022 se declaró la caducidad de la concesión y, finalmente, en marzo de 2023 se procedió al vaciado de la sepultura.
La entidad añade que, dado que la dirección postal no fue actualizada en ningún momento por la titular y que, en el momento de los hechos, no se disponía de acceso a los datos del padrón municipal, no fue posible aplicar medidas adicionales para contrastar esa información.
Por todo ello, aseguran que las actuaciones llevadas a cabo se ajustaron al procedimiento vigente y a los datos disponibles en aquel momento.