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La propuesta de incorporar pistolas táser en toda la Guardia Urbana avanza. El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado en la Comisión de Seguridad llevar la iniciativa al pleno con el voto a favor del PSC, las reservas de voto de Junts, PP y Vox y el voto en contra de ERC y BComú.

El teniente de seguridad del consistorio, Albert Batlle, presentó la medida el pasado miércoles y detalló que las armas serían para mandos policiales de la Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad y del equipo nocturno del cuerpo, con la posibilidad de ampliar su uso a toda la plantilla.

Según ha defendido Batlle en la comisión, la propuesta se ha realizado con observaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos y que se trata del reglamento "más garantista de todos los que se han aprobado en el país".

A la derecha, el teniente de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, durante la Comisión de Presidencia y Seguridad de este martes Europa Press

22 pistolas en primavera

La previsión del consistorio es que las primeras 22 táser estén operativas hacia la primavera de 2026, pero no serán de libre uso.

Cada activación deberá quedar registrada en vídeo al desenfundar el arma y durante toda su utilización.

Prohibiciones

El texto también recoge prohibiciones estrictas como que no se podrá usar sobre personas esposadas, inmovilizadas o que solo presenten una resistencia pasiva.

Tampoco se autoriza su uso en manifestaciones, ni sobre menores de 14 años, mujeres embarazadas o personas con un estado de salud frágil.

La falta de gobierno de la Generalitat ha retrasado el uso de las pistolas Taser por parte de los Mossos en BCN / Agencias

El disparo deberá cumplir con el principio del “mínimo imprescindible” y no podrá superar los cinco segundos.

Además, estará vetado en zonas sensibles como el pecho, la cabeza, el cuello, los genitales o las mamas, y se prohíbe el contacto directo con la piel.

Formación obligatoria

Los agentes que vayan a llevar una pistola táser deberán pasar una formación obligatoria de 33 horas teóricas y prácticas que incluirán también nociones de soporte vital básico. 

En el caso de personas en crisis de salud mental, los agentes deberán contar con una formación específica para abordar la situación sin poner en riesgo a la persona ni a terceros.