El local del homicidio en L’Hospitalet estaba okupado desde 2023: la propiedad tapia ventanas y negocia la salida

L'Hospitalet de Llobregat, de luto. Este viernes, 23 de enero, el Ayuntamiento ha expresado, en conversación con Metrópoli, su "profundo pesar" por el homicidio ocurrido en el interior del local okupado en el número 15 de la calle Santa Anna.

En concreto, un hombre mató a una mujer a puñaladas, suceso que están investigando los Mossos d'Esquadra y que ha generado gran conmoción y preocupación entre los vecinos. 

El consistorio, que ha trasladado su condolencia y apoyo a las personas afectadas, ha indicado que el inmueble es de titularidad privada, propiedad de un fondo de inversión desde el 27 de noviembre de 2017.

Según han asegurado fuentes municipales a este digital, los propietarios están negociando, este mismo viernes, la "salida inminente de ocho o nueve personas que siguen en el interior del local". Además, han tapiado todos los puntos de acceso --menos la puerta principal--. 

Okupado desde 2023 

La okupación fue detectada por primera vez por el Ayuntamiento el 3 de octubre de 2023 tras un aviso vecinal. En ese momento, los Mossos d’Esquadra intervinieron, aunque no se pudo evitar la consolidación de la ocupación dentro del marco legal vigente.

En octubre de 2024, la propiedad interpuso la denuncia correspondiente, y el procedimiento judicial sigue en trámite. Así, el desalojo o cierre definitivo del local solo puede producirse mediante resolución judicial, mientras el Ayuntamiento continúa vigilante de la evolución del caso.

Seguimiento y actuaciones municipales

Desde entonces, el Ayuntamiento y la Guardia Urbana han realizado un seguimiento continuo del caso, con actuaciones dentro de sus competencias.

En enero de 2024, debido a molestias por ruidos, la Unidad de Convivencia y Policía Administrativa de la Guardia Urbana acudió al local, identificó a varias personas que residían allí y elaboró un informe que se trasladó al departamento de Urbanismo.

Policías en L'Hospitalet de Llobregat durante una actuación / GUARDIA URBANA HOSPITALET

Posteriormente, agentes de la policía local acompañaron a técnicos municipales en una inspección voluntaria, documentando el estado del inmueble e iniciando las actuaciones correspondientes. Estas medidas dieron lugar a la apertura de un expediente de disciplina urbanística, que sigue en tramitación.

Medidas policiales y marco legal

Paralelamente, la Oficina de Convivencia y Civismo ha recibido a lo largo de estos años incidencias por molestias, todas ellas atendidas por unidades policiales mediante advertencias, identificaciones y presencia permanente.

Fuentes municipales insisten en que, al tratarse de una propiedad privada, cualquier actuación policial en el interior requiere orden judicial.

Agentes de los Mossos d'Esquadra de servicio EFE

Intensificación de la vigilancia y presión policial

Ante la afectación vecinal, el consistorio asegura que "se aumentaron las medidas de control" dentro del marco legal. Desde hace meses, hay presencia policial sostenida, controles intensivos y, en ciertos periodos, una patrulla 24 horas frente al local para ejercer presión sobre quienes entran y salen.

El Ayuntamiento reconoce el "cansancio y el impacto emocional" que esta situación ha generado y destaca la complejidad del problema, que combina convivencia, seguridad y procedimientos judiciales que no dependen exclusivamente de la administración municipal.

A pesar de la complejidad del caso, el Ayuntamiento ha asegurado que "continuará utilizando todas las herramientas legales y policiales disponibles" para minimizar las molestias, garantizar la seguridad y restablecer la convivencia, siempre dentro del marco legal vigente.

"Okupación desbocada" en la ciudad 

Desde la oposición, la portavoz del Partido Popular (PP) en el municipio, Sonia Esplugas, ha lamentado la muerte y ha vinculado el suceso a lo que considera una situación de “okupación desbocada” en la ciudad.

Desde el grupo aseguran que "habían alertado en múltiples ocasiones" sobre la conflictividad del inmueble y denuncian que existe "un problema estructural que afecta a la convivencia".

Para Esplugas, el gobierno de Quirós no ha afrontado el fenómeno de la okupación con la “presión y determinación” necesarias.

"No se debe confundir vulnerabilidad con okupación ilegal", ha añadido. En este contexto, reclama "actuar contra las mafias y los okupas conflictivos dentro del marco legal", al tiempo que "se refuerzan los servicios sociales y las políticas de alquiler social" para las personas en situación de exclusión.