El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya han anunciado de forma conjunta este viernes el desmantelamiento de la deficitaria mutua municipal PAMEM. Tal como ha explicado la comisionada de Salud, Gemma Tarafa, a partir de ahora los 2,2 millones de euros que invertía el Ayuntamiento en el servicio, se destinaran a cubrir la odontología y la podología de personas sin recursos.
Hoy por hoy, el Servei Català de la Salut (CatSalut) solamente cubre las revisiones y las extracciones odontológicas. Por este motivo, el Ayuntamiento pretende acercar el resto de tratamientos a las personas en situación de vulnerabilidad, las cuales serán derivadas desde los servicios sociales. Se espera que el programa se ponga en marcha el último trimestre de este 2017 y que a lo largo del primer año se atiendan a 3.000 personas en situación de vulnerabilidad. Con esta medida, Tarafa ha asegurado que “potenciamos la lucha contra las desigualdades”.
Además, el consistorio también tiene prevista cubrir las afecciones relacionadas con la podología, ya que actualmente el CatSalut solo se ocupa de aquellos tratamientos relacionados con la obesidad. En este caso, se espera atender a 1.000 personas. Por último, la administración también ofrecerá servicio de medicina deportiva para los deportistas jóvenes federados y aquellos que se ejercitan en las instalaciones municipales.
PAMEM DESAPARECE
Creada en la década de los años 50, la mutua municipal PAMAM tiene los días contados. Si bien desde 1993 ya no admitía más usuarios, no será hasta dentro de tres meses que se desmantele el ente que había llegado a tener 32.000 afiliados en sus años más álgidos. Luego, con la creación del CatSalut, el servicio dejó de tener razón de existir. De él todavía se benefician 8.300 empleados del Ayuntamiento, aunque solo 2.500 permanecen en activo. Ahora, con el acuerdo, estos pasaran a integrarse al servicio público, al cual solo podían acceder si eran derivados por el PAMAN.
El desmantelamiento del organismo se produce cuando ya suma 22 millones de euros de deuda acumulada. Una cantidad que asumirá el consistorio en 2/3 partes mientras que la Generalitat se hará responsable del tercio restante. Al mismo tiempo, la Casa Gran aportará cerca de 4 millones de euros en inversiones del servicio catalán de la salud. Por su parte, la Generalitat se responsabilizará de cubrir sanitariamente a estas 8.300 personas. Con la operación, el consistorio saneará la deuda acumulada y se echará el cierre al servicio de la mutua, aunque los cuatro CAPS y el CUAP que gestionaba continuaran funcionado como lo han hecho hasta hoy.
“El acuerdo no les modificará sus cotizaciones ni sus pensiones”, has asegurado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “No les perjudicará, sino que mejorará su atención”, asegura, ya que “el actual sistema catalán es la mejor propuesta de cobertura sanitaria que se puede dar”. Tal como ha explicado el conseller de Salut, Antoni Comín, el acuerdo permite que los trabajadores en activo, pensionistas y beneficiarios “pasen como un ciudadano más al sistema nacional de salud”.