Este lunes, los vecinos y vecinas de Barcelona que formarán parte de las mesas electorales del 14-F han comenzado a recibir la notificación en sus casas. En total, 17.361 personas entre presidentes, vocales y suplentes, que tendrán el deber ineludible de presentarse en el lugar indicado y atender sus funciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto. Aunque en plena tercera ola de la pandemia de Covid-19, muchos lo harán con temor a un posible contagio.
Como Judit, una estudiante de Física de la UB y trabajadora de una pastelería del centro. A sus 21 años, le tocará ser segunda vocal de una mesa del Institut Viladomat, en el Eixample. En casa son cuatro y a dos les ha llegado la notificación. “Estoy totalmente en desacuerdo, no me hace ninguna gracia. Si nos infectamos, ¿quién irá al trabajo? He hecho caso de las recomendaciones. No sé si yendo allí, la gente que vendrá a votar a mi mesa habrá hecho el mismo caso. Nos da miedo. ¿Y mi derecho a la salud?”, expresa en una entrevista a Metrópoli Abierta.
O como Inma, educadora social de una residencia de discapacitados psíquicos y físicos, que también será vocal. En su caso, en un colegio electoral del barrio de Horta. “Me parece que no es el momento. Los datos no son los adecuados. Y no hay que olvidar que esos números son personas”, apunta. Asegura que siente “miedo e inseguridad, rechazo y enfado” ante el requerimiento para el 14-F y lamenta que “como siempre, prevalecen intereses de unos pocos. En este caso, de algunos políticos”. Se muestra partidaria de apelar la decisión de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Barcelona, aunque cree “que servirá de poca cosa”. A pesar de no ser persona de riesgo, teme por la salud de sus pacientes: “No solo me expongo yo, sino la gente con la que trabajo. Tengo mucha incertidumbre, no solo por mí”.
Dudas compartidas por Maricruz, una autónoma que realiza consultorías de medioambiente. Será presidenta de mesa en la Pista Poliesportiva Municipal La Sagrera de la calle Hondures. “Es un contrasentido. Nos imponen una serie de medidas que estoy cumpliendo a rajatabla y para hacer las elecciones nos piden que nos las saltemos”, opina. Preocupada por no saber todavía si deberá confinarse, en caso que se detecte un positivo en la mesa en los días posteriores al 14-F, esta vecina de Sant Andreu reclama que alguien le explique qué ocurrirá con su negocio si se contagia: “Si me pasa algo no trabajo, y si no trabajo no cobro. ¡Y vivo sola! Llevo semanas sin ver a mi familia para evitar infecciones, ¿y ahora me exponen a esto?”.
LAS MEDIDAS PARA EL 14-F
En el manual de instrucciones que han recibido los miembros de las mesas aparecen las directrices sanitarias que se aplicarán durante la jornada electoral. La Generalitat asegura que habrá gel hidroalcohólico suficiente para pasar el día en cada colegio y que a los presidentes y vocales se les hará entrega de cuatro mascarillas y una pantalla facial.
Además, el Govern recomienda dividir el voto en tres franjas horarias distintas según la situación sanitaria de cada votante. Así, de 9:00h de la mañana a 12:00h del mediodía propone que voten los colectivos vulnerables, de 12:00h a 19:00h que lo haga el grueso de la población que no esté en riesgo y entre las 19:00h y las 20:00h que acudan los positivos de coronavirus y contactos estrechos. Durante aquella última hora, los miembros de las mesas deberán colocarse un equipo de protección (EPI). Para el recuento tendrán que usar una mascarilla FFP2 y guantes.
El Ejecutivo propone también tomar la temperatura a todos los miembros de las mesas electorales antes de la constitución de las mismas, a las 8:00h de la mañana, y someter a estas personas a un test de antígenos. Para asegurar que corren el menor riesgo posible, deberán sentarse manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros entre ellos y las salas se ventilarán continuamente. No podrán tocar los DNI de los electores, que deberán mostrar la documentación dejándola sobre una bandeja. Unos votantes, por cierto, a los que la administración pide que traigan el voto preparado de casa.
¿LOS MIEMBROS DE LAS MESAS PUEDEN NEGARSE?
No acudir al colegio electoral, habiendo sido elegido presidente o vocal de una mesa, es un delito penal. Los que transgreden esta obligatoriedad se enfrentan a sanciones económicas e incluso penas de cárcel inferiores a dos años. Pero existen excepciones que pueden servir para renunciar a este deber.
Por ejemplo, tener más de 65 años o demostrar una incapacidad. Las mujeres embarazadas a partir de seis meses o que estén de baja maternal también pueden renunciar a estar en las mesas. De igual modo, estar al cuidado de un menor o de una persona con discapacidad; estar ingresado en un hospital psiquiátrico o la cárcel; ser víctima de un delito por el que se haya impuesto una orden de alejamiento a una persona que esté en el censo del mismo colegio electoral o haber formado parte de una mesa en tres ocasiones durante la última década son motivos para que la JEZ acepte automáticamente la renuncia. Lo mismo ocurre con aquellos que deban trabajar ese día en la administración ejerciendo funciones electorales, con los trabajadores de servicios esenciales como médicos o policías y responsables de medios de comunicación que cubran la jornada electoral.
También podrán presentar alegaciones, aunque la última palabra la tendrá la JEZ, aquellos que demuestren una lesión o enfermedad que les impida estar en la mesa, embarazo de riesgo anterior a los seis meses de gestación, tener programada una intervención quirúrgica, haber preparado un evento familiar importante como una boda, cambio de residencia, estar a cargo de menores de 14 años cuando nadie más pueda atenderlos y pertenencia a comunidades o confesiones religiosas para las que sea incompatible estar en una mesa. Del mismo modo, los que convivan con personas de riesgo ante el Covid-19 podrán apelar, pero la decisión final la tomará la JEZ.
CARTA AL SÍNDIC DE GREUGES
Con todo, una parte de ellos considera insuficientes las medidas anti-covid planteadas para el 14-F. Es por esto que, a través de las redes sociales (Twitter y Telegram), algunos de los elegidos han comenzado una campaña para denunciar una situación sin precedentes. Desde Premià de Mar, Ferran Vila, el impulsor del movimiento #NOasermembremesa2021 (“no ser miembro de una mesa 2021”), tilda la decisión de “injusta”. Así que ha redactado una carta dirigida al Síndic de Greuges para denunciarlo. La publicó pasadas las 22:00h del domingo y a las 10:00h del lunes ya se habían unido más de 60 miembros de mesa. A las 20:00h, la cifra se acercaba a los 200. “Sabemos que no hay nada que hacer pero no queríamos callar. Si nos van a obligar a estar en los colegios, al menos que se oiga nuestra voz”, reivindica en una conversación con Metrópoli Abierta.
En la misiva dirigida a Rafael Ribó, presidentes y vocales manifiestan: “Nos sentimos desamparados a la hora de defender nuestro derecho a la salud”. Reivindican que en el último año han respetado todas las medidas sanitarias impuestas por las autoridades y que ahora es “la misma administración” quien les conmina a “incumplir todas estas directrices, a pesar de advertir los expertos del peligro que comporta”. Expresan su rechazo absoluto a pasar “más de 12 horas en un local cerrado”, en contacto “con cientos de personas, incluyendo una franja horaria para recibir a positivos de Covid-19, a los que las mismas autoridades obligan a hacer cuarentena”.
Además, señalan que se les proporcionarán EPI para los que no tienen formación, “sabiendo que está demostrado que su mal uso es un verdadero peligro”. Y protestan por el hecho de tener que lidiar con una situación “de alto riesgo” para ellos mismos y sus familias “sin ningún tipo de defensa, dado que la no presentación a la mesa electoral es un delito que puede suponer penas de prisión y multas elevadas (…) Creemos que las administraciones públicas están infringiendo nuestro derecho fundamental a la salud”. Por todo esto, denuncian “respuesta nula” de la administración y piden el amparo del Síndic de Greuges.
LA POSTURA DEL SÍNDIC
Por su parte, Rafael Ribó ha declarado este lunes que considera “un grave riesgo para salud pública” mantener la fecha de las elecciones. Una afirmación que ha transmitido públicamente a través de un comunicado, cuando todavía no ha recibido la carta de los presidentes y vocales de mesa. El Síndic presiona de este modo para aplazar la convocatoria del 14-F, esgrimiendo además el informe de la comisión de expertos sanitarios y juristas que plantea la suspensión temporal “por causas de fuerza mayor”. En palabras del defensor del pueblo catalán, habría que tener en cuenta “las más de 100.000 personas que tendrían que estar confinadas” ese día y “las 2.000 o 3.000 personas hospitalizadas”. Una decisión que está en manos del TSJC. En caso que acaben celebrándose, Ribó reclama activar “inmediatamente la máxima extensión posible del voto por correspondencia” y “acercar la emisión del voto no presencial hasta el mismo día de las elecciones”.