Unas 120.000 familias (una de cada cuatro) de la diócesis de Barcelona residen en viviendas inadecuadas, como subterráneos, pisos sin acceso a suministros e insalubres o unidades repletas de gente.
Pobreza severa
Son datos del Informe Foessa de la diócesis de Barcelona 2025, impulsado por Cáritas y que este año ha analizado una muestra de 12.300 hogares en España, 620 en la capital catalana.
El estudio ha concluido que 726.000 ciudadanos en la diócesis barcelonesa sufren dificultades relacionadas con el acceso y mantenimiento de la vivienda y que 415.000 se quedan en situación de pobreza severa una vez han afrontado los gastos de la vivienda.
Una situación que se agrava en el caso de las familias con niños y adolescentes, afectando al 41 por ciento de ellas.
La jefa de análisis social e incidencia de Càritas Barcelona, Miriam Feu; el obispo auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova; y el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, en rueda de prensa este miércoles
Ayudas de Cáritas
Cáritas ha hecho frente al problema de acceso a la vivienda y ha dado respuesta a cerca de 2.000 personas en pisos unifamiliares, compartidos y centros residenciales.
También ha destinado 1,3 millones de euros a ayudas económicas para más de 1.300 hogares en 2023.
"Sin embargo, estamos llegando a una pequeña parte de las necesidades de tanta gente que acude a nosotros", ha alertado el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, en una rueda de prensa.
Habitar en parroquias
Sala ha asegurado que están en conversaciones con la administración para que equipamientos de algunas parroquias puedan acoger a familias en situación de exclusión residencial.
Si bien ha recordado que a menudo la voluntad política de algunos gobiernos municipales es "insuficiente".
Impedimentos
En su opinión, hay normativas técnicas que impiden que personas en situación vulnerable puedan habitar en equipamientos parroquiales al no disponer de célula de habitabilidad o requerir reformas costosas.
Otras propuestas de la entidad son acabar con el sinhogarismo mediante una proposición de ley de medidas transitorias y urgentes y, finalmente, iniciativas para aumentar el volumen de alquileres asequibles.