El Ayuntamiento de Barcelona activa una nueva ayuda para las comunidades de propietarios: hasta 2.500 euros por edificio

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una nueva línea de subvenciones destinada a las comunidades de propietarios. Desde el 27 de febrero, los bloques que deseen prohibir pisos turísticos en sus edificios pueden solicitar esta ayuda, que cubre hasta el 50 % de los gastos relacionados con la modificación o creación de estatutos.

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La iniciativa busca proteger el uso residencial de las viviendas frente al incremento de los pisos turísticos y anticiparse a la eliminación total de licencias turísticas prevista para 2028. Para ello, se ha habilitado un fondo municipal de 100.000 euros destinado exclusivamente a esta medida.

Contexto habitacional

La accesibilidad a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Barcelona y en toda España. La tensión entre vivienda y turismo ha disminuido, pero todavía genera conflictos, especialmente en convivencia vecinal, con un aumento de demandas por molestias y problemas asociados a la actividad turística.

Edificio en Nou Barris David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Ante esta situación, el Ayuntamiento busca desincentivar la conversión de viviendas en alquiler turístico, fomentando el alquiler de larga duración. Esta medida forma parte de un acuerdo presupuestario con ERC y cuenta con la colaboración de entidades como el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cambra de la Propietat Urbana, que han elaborado un modelo de cláusula para los nuevos estatutos.

Cuantía de las ayudas

Las subvenciones se dirigen a comunidades que hayan aprobado la prohibición de actividades turísticas a partir del 1 de marzo de 2025. Para la creación de nuevos estatutos, se cubre hasta el 50 % de los gastos de notaría, registro y honorarios profesionales, con un límite máximo de 2.500 euros por edificio.

En el caso de modificaciones de estatutos existentes, la ayuda asciende a 1.500 euros por actuación. Además, se reserva una partida adicional de 36.000 euros para compensar a los administradores de fincas y asesores jurídicos que participen en el proceso.

Requisitos y condiciones

Para poder optar a la subvención, los estatutos deben incluir una cláusula homologable según el modelo consensuado, elevarse a documento público e inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Edificio rehabilitado en el corazón del Raval ravetllatarquitectura

Asimismo, las comunidades deben estar al corriente de obligaciones fiscales con el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social. La medida busca garantizar que los edificios mantengan su función residencial prioritaria frente a la actividad turística.

Impacto y beneficios

Según los técnicos municipales, el programa podría beneficiar a varios centenares de comunidades, especialmente en los barrios más turísticos. La colaboración con administradores y cámaras empresariales busca agilizar los trámites y evitar litigios posteriores.

El teniente de alcaldía de Economía y Vivienda, Jordi Valls, destacó que la medida es una herramienta clave para frenar actividades que generan efectos negativos en la comunidad y combatir la exclusión residencial, favoreciendo el alquiler tradicional sobre el uso turístico.

Reacciones ciudadanas y sectoriales

La respuesta de asociaciones vecinales ha sido mayoritariamente positiva, viendo en la ayuda una forma de proteger sus edificios sin asumir costes excesivos.

Sin embargo, la medida ha generado oposición en el sector turístico. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) anunció su intención de recurrir la ayuda judicialmente, argumentando que el Ayuntamiento excede sus competencias y vulnera la seguridad jurídica de los propietarios.

Estrategia municipal

La subvención forma parte de una estrategia más amplia para controlar el turismo residencial, que incluye inspecciones, multas y la eliminación progresiva de licencias hasta 2028.

La línea de ayudas estará disponible hasta agotar fondos, con un plazo de solicitud que se extenderá varios meses, debiendo presentar las comunidades la documentación completa de los nuevos estatutos y los gastos realizados.