Confirmado por la ley: los restaurantes que desperdicien alimentos se enfrentan a multas de hasta 500.000 euros

En España, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se han desperdiciado 1.125 millones de kilos. Dentro de esta problemática, los hogares siguen siendo el principal factor y lo que supone una pérdida de 250 euros por persona.

Sin embargo, los hogares catalanes destinan 330 euros al año a alimentos que no se acaban consumiendo, según los datos que se extraen del Diagnóstico del derroche alimentario en los hogares de Cataluña 2024: cuantificación, impacto ambiental y socioeconómico.

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La cifra que supone este desperdicio alimentario se eleva a 112 euros al año por persona, ya un total de 902,85 M€ en toda Cataluña.

Ante esta situación, se aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos.

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Además, dicha ley establece que todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio.

La finalidad es que las empresas de la cadena hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijen medidas para minimizarlos y se destinen a otros usos, para los que se fija una jerarquía de prioridades.

Por ello, la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, cuyo objetivo es reducir el impacto económico y social derivado del despilfarro de alimentos, con especial incidencia en el sector hostelero, penaliza a los restaurantes y supermercados que no cumplan con la normativa.

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Es por ello que los restaurantes y supermercados deberán especificar obligatoriamente el uso que van a dar a los alimentos, priorizando siempre su consumo humano y la donación a bancos de alimentos.

¿Cómo pueden actuar los agentes contra el desperdicio?

En el caso de la hostelería y la restauración, la legislación establece normas específicas para conseguir el objetivo. Por ende, estarán obligados a:

• Facilitar que los clientes se lleven las sobras de su comida, informándoles de esta opción y proporcionando envases reciclables o reutilizables.
• Transformar alimentos en buen estado en nuevos productos aptos para el consumo.

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En el caso de los supermercados, tienen otras obligaciones como:

• Poner precios más bajos a los productos que tengan una fecha de caducidad próxima para incentivar su compra y su ágil consumo.
• Promover el consumo de productos de temporada.
• Se recomienda ofrecer líneas de venta de productos imperfectos, siempre que cumplan las normativas europeas, para evitar su descarte por motivos estéticos.

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No obstante, las empresas o agentes que no cumplan con el contenido de la ley podrán enfrentarse a sanciones que pueden alcanzar hasta los 500.000 euros si es considerada una infracción grave. Si se considera una infracción leve, se impondrá un apercibimiento de hasta 2.000 euros.