Las colas de migrantes para regularizar papeles siguen desbordando las oficinas de Barcelona

Una semana después de que comenzara el proceso para solicitar de manera presencial la regularización administrativa en España, la situación en las oficinas de Barcelona apenas ha variado.

Las dependencias municipales han vuelto a registrar colas multitudinarias desde primera hora de la mañana de este lunes, 27 de abril, con filas que, en puntos clave como el Servicio Municipal de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) de la calle Tarragona, o las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de la calle Sicília y la plaza Sant Miquel, vuelven a rodear la manzana.

La dinámica se ha consolidado como una constante: cientos de personas optan por pasar la noche a la intemperie o llegan de madrugada con la esperanza de conseguir uno de los números para las citas diarias.

Jornada sin incidentes policiales

A diferencia de los momentos de tensión registrados en varias ocasiones la semana pasada, que obligaron a la intervención de la Guardia Urbana, la jornada de este lunes ha transcurrido con mayor calma.

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Para gestionar el flujo de personas, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de agentes cívicos.

Su función principal es informar a los que esperan en la cola sobre el procedimiento y aclarar una duda recurrente: el servicio municipal está destinado exclusivamente a personas empadronadas o que residen en el municipio de Barcelona.

El sistema de atención se divide entre quienes ya disponen de cita previa gestionada durante los días anteriores y aquellos que, siendo los primeros en la fila, logran obtener una cita para una jornada futura.

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Un proceso de larga duración

Ante el malestar generado por las dificultades logísticas y la falta de información, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha intervenido para rebajar la tensión. En declaraciones a TV3, Prieto ha pedido disculpas a los alcaldes que han expresado su queja por la falta de coordinación en los preparativos del dispositivo.

El delegado ha justificado la premura del inicio del proceso señalando que el Gobierno contaba con un margen de maniobra muy ajustado, dado que se estaba a la espera de un informe final del Consejo de Estado que llegó con retraso respecto a las previsiones iniciales.

Asimismo, Prieto ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad tanto a los usuarios como a los consistorios: el plazo para la regularización está abierto hasta el próximo 30 de junio. Según el delegado, existe tiempo suficiente para que todas las solicitudes sean tramitadas, instando a la calma y recordando que el proceso no finaliza en estos primeros días de alta afluencia.