Gestionar los pisos públicos es una tarea onerosa para las arcas municipales. Otorgar una vivienda social necesita no sólo un proceso administrativo, sino un dispendio económico del que ha de hacerse cargo una empresa especializada.
Cuando se otorga una vivienda social a una familia, detrás de ese gesto hay todo un trabajo de rehabilitación, conservación y burocracia que es invisible a los ojos de los ciudadanos.
Una labor invisible
No todo es tan sencillo, pues, según explica una fuente municipal, “se ha de velar por que todo esté en condiciones. Cuando se dan las llaves de una vivienda, ésta ha de estar en perfectas condiciones y ése es un trabajo concienzudo en el que trabajan decenas de personas”.
El alquiler social conlleva, así, un complicado engranaje que depende de la Administración local. Según un informe interno municipal, “las competencias del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) contemplan el servicio posventa y garantía de las obras promovidas, y el mantenimiento y conservación del parque público de alquiler gestionado por el IMHAB”.
Según el consistorio, “el incremento del número de pisos exige disponer de un servicio de asistencia técnica competente y necesario para dar respuesta a la gestión de las tareas relativas a la fase final de obra y de entrega de las viviendas, posventa, garantía, mantenimiento y conservación del parque público de alquiler”.
Imagen del momento en que se añade un módulo tridimensional al edificio en construcción de una promoción de vivienda protegida en Barcelona
Los pisos a gestionar
El volumen de los pisos públicos a gestionar es elevado. Según el consistorio, en 2026 hay 1.896 pisos pertenecientes a 30 fincas cuya posventa se ha de gestionar. Para 2027, el número bajará a 1.141, cifra que se reducirá a 1.041 en 2028, a 975 en 2029 y 945 en 2030. En el trabajo se han de añadir las viviendas que se han adquirido desde 2020 por el derecho de tanteo y retracto, que son una media de 124 pisos anuales.
Pero el mantenimiento abarca a todo el conjunto de la vivienda pública: 10.719 pisos pertenecientes a 1.015 edificios barceloneses también se han de mantener en perfecto estado de revista. Las previsiones apuntan a que en 2027 serán 10.843; en 2028, 11.004; en 2029, 11.524; y en 2030, en 12.250 en 1.060 fincas diferentes.
Control absoluto
Ese trabajo incluye la gestión de toda la documentación o papeleo que genera el alquiler, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el control de las instalaciones solares térmicas, las instalaciones centralizadas de producción de calor, el frío y agua caliente sanitaria.
Entra, asimismo, en esa ingente tarea, el control de los contratos de mantenimiento de los ascensores, de la prevención de incendios, de la protección de activos, la coordinación de las comunidades de fincas que dependen del IMHAB, el control de las instancias y quejas o la coordinación con el servicio de call center de la entidad municipal.
Pisos públicos de la promoción B2 del barrio de Can Ribes de Gavà
Contrato de 12,5 millones
El Ayuntamiento de Barcelona acaba de formalizar este mes de julio un contrato por más de cinco millones de euros por la gestión de los alquileres de los pisos municipales para los dos próximos años.
El contrato prevé una prórroga de hasta tres años más, por lo que el monto total del contrato puede elevarse hasta los 12,5 millones de euros para externalizar los servicios de posventa y mantenimiento de los edificios adscritos al IMHAB. Eso significa que este servicio de control de la vivienda pública cuesta a las arcas municipales algo más de 2.500.000 millones al año.
El contrato se lo ha llevado la empresa Projects & Facilities Management, la única compañía que se presentó al concurso. Esta baja participación se debe a la alta complejidad de las tareas a realizar y a la alta especialización en varias áreas que debe tener la empresa adjudicataria.
Alta especialización
Esta empresa, con sede en Mallorca, está participada por la barcelonesa Inco Enginyeria i Gestió y su consejero delegado es Joaquim M. Fenollosa, que había sido director técnico de Vila Olímpica S.A, la empresa pública encargada de la remodelación de Barcelona de cara a los JJOO del 92, director general de ATM y director general de Muelles y Espacios Portuarios (MEPSA), la empresa cocesionaria del Puerto de Barcelona.
Su equipo está formado por más de 80 profesionales altamente especializados en distintas ingenierías, arquitectos y expertos en gestión . Trabaja también en varios países de Latinoamérica y entre sus clientes se encuentran las más importantes multinacionales españolas, así como entidades como el FC Barcelona, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, TMB, el Hospital de Sant Pau, AENA o el Col·legi d'Economistes de Catalunya.