Ciutat Vella impulsa cláusulas para evitar la expulsión de los vecinos

“Barcelona tiene una deuda histórica con Ciutat Vella”, ha admitido esta mañana la regidora del distrito, Gala Pin, durante la presentación del Pla de Barri de Raval Sud y Gòric Sud que quiere poner freno al éxodo de vecinos y a la falta de espacios públicos. Para revertir la actual situación, el Ayuntamiento subvencionará la rehabilitación de fincas y diseñará cláusulas anti-gentrificación que eviten que esta mejora de los inmuebles (pagada con dinero público) acabe provocando que los propietarios suban sus rentas y se expulse a los inquilinos.

Aunque el consistorio aun no puede revelar en qué consistirán estas cláusulas, Pin ha adelantado que se trata de “una serie de medidas legales para acabar con la especulación que vive el distrito”. La regidora también ha anunciado que Ciutat Vella “servirá otra vez la prueba piloto” para su implementación y que cabe la posibilidad de que se expandan a otras áreas de la ciudad con la misma problemática.

Junto a las medidas para garantizar el derecho a la vivienda de los vecinos, el proyecto incluye otros tres planes motor para devolver espacios al barrio. El primero, dar un uso de proximidad al Moll de la Fusta incorporando zonas de juegos infantiles o espacios deportivos para jóvenes. Esta nueva concepción del muelle implica también replantear su conexión con el Gòtic y el Raval a través de sus accesos naturales; la Rambla y la plaça Antonio Lopez, así como la mejora del passeig Colom.

Otro de los proyectos de mayor envergadura que contempla el plan es la conversión de la antigua fábrica de Can Seixanta en nuevas viviendas públicas (como mínimo, se preven 14) y en un equipamiento vecinal dedicado a jóvenes y asociaciones culturales. Un plan de rehabilitación similar al del Borsí, anunciado el noviembre pasado, que se convertirá en un equipamiento vecinal y acogerá la Biblioteca Andreu Nin.

En total, el Ayuntamiento destinará un presupuesto de 22,8 millones de euros y prevé aplicar el plan durante este mandato, por lo que todas las medidas ya anunciadas empezarán a ponerse en marcha a partir de abril.