La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha reconocido que la seguridad en la ciudad de Barcelona se ha situado en unos niveles alarmantes. Según la regidora, “la ciudad está en un momento de desesperación y en un momento crítico a nivel de seguridad”, al tiempo que ha acusado a la Generalitat y al Gobierno central de ser los máximos responsables de que la seguridad en la ciudad haya llegado a los niveles tan bajos en los que se encuentra.
Gala Pin ha defendido la actuación del Ayuntamiento en este aspecto, aunque tanto ella como Ada Colau han sido reprobadas por el resto de los partidos políticos por su gestión en temas de seguridad y la Guàrdia Urbana ha criticado duramente la política de seguridad del consistorio. En unas declaraciones a TV3, la regidora ha afirmado que “si el resto de las administraciones pusieran la mitad de los recursos que ha puesto el Ayuntamiento... Ojalá estuviese en nuestras manos resolverlo, porque entonces habríamos hecho todo lo posible para que fuera así”.
EL PROBLEMA EXISTE
La regidora de Ciutat Vella ha variado el discurso oficial del consistorio, que hasta ahora ha consistido en negar la existencia de un grave problema de seguridad, pese a las numerosas y continuas quejas de los vecinos, y ha afirmado que “no negaremos nunca que existe un problema ya que la peor forma de solucionarlo es negar que existe”.
Gala Pin ha criticado con dureza la actuación del actual conseller de Interior, Miquel Buch, por negar repetidamente la necesidad de aumentar la plantilla del cuerpo de los Mossos. “Cuando viene el ministro español le dice que la competencia en materia de seguridad es de los mossos, pero a nosotros nos dice que la solución no es poner más mossos. Teniendo en cuenta que hemos estado diez meses sin gobierno, el conseller debe recuperar el tiempo perdido e invertir en recursos”.
También se ha quejado de la lentitud en la administración de justicia y ha pedido que se pongan más medios para condenar con rapidez a los delincuentes: “Pedimos que se habiliten más juzgados de guardia. Hay personas a las que se detiene una y otra vez y al cabo de unas horas vuelven a estar en la calle y no tiene el juicio hasta cinco, seis o diez meses después. La figura del juicio rápido transmitiría al caco que no tiene impunidad”.