La caja de pandora en una residencia de la Barceloneta: el caos que descubrió Salud

El caos era absoluto. El trato con los usuarios, indecente. Hacía semanas que los familiares lo denunciaban por tierra, mar y aire. Pero todo lo que recibieron fueron largas. "Todo está controlado". "Tranquilos". Eran las respuestas que solían recibir por parte de los responsables de la residencia de ancianos Bertrán i Oriola de la Barceloneta. El 27 de abril de 2020, en pleno estado de alarma y con el coronavirus circulando desde hacía 44 días, las sospechas y rumores se materializaban cuando funcionarios del Departamento de Salud intervenían el centro. Se abría una caja de pandora que destapaba una larga lista de irregularidades, abandono y falta de profesionalidad en un servicio esencial cuyo último responsable era y es la misma administración. Ahora, la Generalitat ha detallado a la hija de una fallecida lo que allí se encontraron.

La Bertrán i Oriola estaba gestionada por la empresa privada Eulen. Cuando estalla la pandemia las 92 plazas del asilo están ocupadas. En junio, 43 personas habían muerto, la mayoría por no recibir los cuidados necesarios, según denuncia Enriqueta López, hija de Carmen Blanco, fallecida el 6 de abril de 2020 a los 82 años. "Al menos, por una vez alguien me ha contestado sin dar vueltas a lo que preguntaba", comenta la mujer que, junto una de sus hermanas, sigue batallando para que alguien asuma responsabilidades por lo que ella califica de "genocidio". Con ese objetivo, en octubre creó la Plataforma Víctimes Bertrán i Oriola.

ASISTENCIA MÉDICA

Una de las deficiencias que se encuentran los interventores es la asistencia médica. Salud concluye que hay una "cobertura irregular" de este servicio por "diferentes absentismos aún sin justificar por parte de Eulen". Registra incumplimientos de horarios de uno de los médicos y propone un cambio de profesional. No existe una pauta de las visitas médicas que necesitan los residentes, que no reciben visitas rutinarias ni diarias.

La gestión de la medicación ocupa más de cuatro páginas en un informe de 20 que relata por capítulos las irregularidades detectadas y las correcciones que se llevan a cabo. "Los cambios de medicación no se actualizan regularmente en la historia clínica del residente. Las prescripciones médicas no coinciden con las pautas médicas", escribe Salud, que alerta de que no existe comunicación entre los dos médicos del centro. "No existe la seguridad de una correcta dispensación y administración de la medicación (...) No se puede garantizar que los residentes tomen toda la medicación prescrita". Tampoco que los cambios se apliquen de manera efectiva y ágil.

MEDICINAS CADUCADAS

El centro no dispone de un lugar "seguro" para guardar la medicación. No se controlan las existencias ni la caducidad de las medicinas. Los funcionarios descubren "cantidades muy importantes" de medicación acumulada en almacenes. Muchas dosis están caducadas. Las neveras que protegen la medicación están en "mal estado" y no se controla la temperatura de estos equipamientos "con el riesgo que esto conlleva". En cuanto a las curas, los habitantes de la residencia no disponen de un seguimiento actualizado del Plan Individual de atención interdisciplinario. No existe "cohesión ni un trabajo en equipo" para desplegar la atención que necesitan.

La gran mayoría de empleados contratados por Eulen siguieron trabajando tras la intervención del Govern, que despide a la dirección y a los médicos. Los familiares, muy preocupados por las noticias que les llegan del interior, realizan numerosas llamadas de advertencia a Salud. Ayudados por entidades vecinales, ejercen presión a diferentes partidos políticos y a la Generalitat que, finalmente, motivan la intervención del centro.

'FALTA DE SENSIBILIDAD'

Enriqueta cuenta que muchos familiares aún no se atreven a leer el informe. Lo recibió el pasado 6 de abril, un mes después de enviar una solicitud de información a la Generalitat, que ésta ha respondido en aras del cumplimiento de la Ley de Transparencia. Esta es una semana difícil para varias familias. Se cumple un año de la muerte de sus familiares en la Bertrán i Oriola. Un centro que durante las primeras semanas de estado de alarma carecía, como otros tantos, de mascarillas y equipos de protección. Cuidadoras y usuarios conversan a escasos centímetros sin ninguna protección y los residentes comparten salas, también, sin protecciones.

El informe de Salud, escrito el 2 de junio de 2020, representa una enmienda total a la gestión de Eulen. El documento denuncia la "falta de sensibilidad respecto a la intimidad y dignidad de los residentes. Se realizan controles de esfínteres de los residentes con la puerta del baño y de la habitación abiertas". El equipo de curas no se esteriliza y el equipo del centro para esterilizar por calor seco está en desuso y en malas condiciones. La dieta también está en la diana de los interventores. "Muchos de los residentes no tienen definida una dieta adecuada a sus necesidades". El estado de equipamientos para mover a los residentes (grúas, sillas de ruedas, caminadores, etc.) es "muy defectuoso".

SIN FORMACIÓN

Uno de los problemas que llama más la atención es el relacionado con las constantes vitales de los usuarios. El personal no tiene formación ni conocimientos para tomar esas constantes vitales, y no existe un régimen de control de las constantes de los residentes, "que debería ser más estricto en la situación de emergencia actual". La higiene es insuficiente, con lavados una vez por semana, "sin garantizar que se trate de una higiene completa, siendo muy deficiente la cobertura de sus necesidades". Tampoco los cuidadores tienen formación suficiente en higiene.

La comunicación entre residentes y usuarios brilla por su ausencia. No se realizan videollamadas de manera regular con los familiares y no hay dispositivos adecuados para ello. Los interventores siguen revelando la falta de formación en muchos campos de los profesionales del centro. En plena pandemia, no saben como colocar y retirar los equipos de protección individual (EPI's).

ZONAS SUCIAS Y LIMPIAS

Las directrices de Metges sense Fronteras para delimitar zonas sucias de las limpias no se cumplieron.  Encontraron EPIS dispersos por "zonas tan sensibles" como la lavandería y la cocina, y objetos personales de usuarios que habían fallecido, y que los familiares reclamaban. Las habitaciones estaban mal identificadas y no se realizaban actividades de "estimulación cognitiva", que prevé el centro a través de un programa específico.

"A la llegada al centro nos encontramos unas instalaciones y equipos en muy mal estado en general, desordenados y con una limpieza deficiente, con claros signos de abandono en materia de mantenimiento e inversiones", escribe Salud, que enumera las deficiencias "más importantes": barreras estructurales, cables sin adecuaciones en zona de paso, timbres de habitaciones rotos, mal funcionamiento de alarmas, enchufes colgando, muebles deteriorados, ventanas y puertas sin manilla, persianas rotas, iluminación deficiente, barandillas de cama rotas, falta de carros, difícil acceso a las bañeras, grifos rotos, sin teléfono ni internet en el centro y tachuelas rotas, entre otros.

Con esta información de Salud, Enriqueta espera poder abrir un nuevo proceso judicial y busca más familiares afectados que quieran unir sus fuerzas. De momento solo son tres familias. La Fiscalía Provincial de Barcelona archivó el pasado noviembre una denuncia de la Coordinadora de Residencias 5+1 contra los gestores de 30 residencias catalanas, incluidas la Bertrán i Oriola y cuatro geriátricos más de Barcelona. Hace unos días envió un nuevo escrito al fiscal en el que le preguntaba por qué ha decidido archivar la causa. "Me siento desamparada por la Ley", lamenta.