Las hijas de una fallecida en una residencia: “Sentimos mucha rabia"

Las hermanas Carmen López y Enriqueta López todavía no quieren llorar la muerte de su madre. Carmen Blanco falleció a los 82 años el 6 de abril de 2020 en la residencia Bertrán i Oriola de la Barceloneta durante la primera ola de la pandemia. Eran los primeros días de una crisis sanitaria mundial desconocida y las residencias se convertían en los lugares más vulnerables. Pero Blanco no murió de coronavirus. "Murió de una broncoaspiración cuando se tragó su propio vómito. A mi madre la dejaron morir. Sabían que debían vigilarla cuando le dan de comer, que si está estirada y le daba tos se podía ahogar. Se asume que todo es por culpa del covid, pero no es verdad. Mucha gente murió por falta de cuidados", sostiene Enriqueta.

La Fiscalía Provincial de Barcelona archivó el pasado noviembre una denuncia de la Coordinadora de Residencias 5+1 contra los gestores de 30 residencias catalanas, incluidas la Bertrán i Oriola y cuatro geriátricos más de Barcelona. En la denuncia, los familiares subrayaban la "caótica gestión, la falta de personal agravado por las bajas médicas como consecuencia de la pandemia, la falta de medios de protección al personal y a los residentes", entre otros. El Ministerio Público rechaza los delitos de homicidio y lesiones imprudentes y el de denegación de auxilio, y apunta a la excepcionalidad de las circunstancias. Hace referencia a la "saturación" de la administración sanitaria y a la poca concreción de la denuncia.

LA VÍA PENAL, AGOTADA

Las hijas de Carmen calculan que 42 personas murieron en la residencia desde el estallido de la pandemia. A pesar del archivo del caso, la tónica habitual en la gran mayoría de casos judicializados en Cataluña por las muertes en los geriátricos, no se rinden y han creado la Plataforma Víctimes Bertrán i Oriola. Buscan más afectados que se quieran unir a ellas para organizar una demanda colectiva por la vía civil. Consideran que la vía penal ya está agotada, como demuestran los archivos de otros casos como el del hijo de otra usuaria del centro, también fallecida, cuyo carpetazo tuvo lugar el pasado 3 de marzo.

Carmen y Enriqueta López en la sede de Metrópoli Abierta / METRÓPOLI ABIERTA

La fiscal Virginia Sánchez señaló, entonces, que las irregularidades denunciadas "no son constitutivos de delito" porque ya había sido "declarado por la propia Generalitat de Cataluña el funcionamiento anormal del centro residencial". No obstante, el fiscal admite cinco faltas "graves" o "muy graves" en el centro de la Barceloneta: No se registraron las constantes básicas de los residentes, no se registraron los cambios posturales, deposiciones, alimentación ni administración de la medicación, figuraban habitaciones con el nombre del residente equivocado, los residentes que fueron derivados al hospital presentaban síntomas de deshidratación y, en una analítica de una usuarios, insuficiencia renal, y no era posible el contacto telefónico con la centralita de la residencia".

RABIA

"Sentimos mucha rabia. Lo de Pablo Hasél me parece estupendo, la libertad de expresión por delante, pero ¿quién ha salido en la calle por los 30.000 muertos en las residencias? ¿Es que no valen nada sus vidas? Todavía nos miran como si estuviéramos locas porque no dejamos todo esta", explica Enriqueta. A ella y a Carmen no le encaja que, por un lado, la Fiscalía admite faltas "muy graves" por parte del centro, pero, por otro, archive la denuncia. 

En el caso de la denuncia colectiva de la Coordinadora 5+1, la fiscal Sánchez justifica la elevada mortalidad en las residencias por la confluencia de diferentes factores: "una gran concentración de personas mayores con patologías, la proximidad física de los residentes, la falta de atención sanitaria de los mismos, la poca cultura de la prevención, el gran trasiego de familiares, el alto absentismo laboral y el poco apoyo institucional a estas residencias".  En el escrito, la fiscal escribe: "Por todo ello, no puede extrañarnos, con un hondo penar, la altísima mortalidad que se produjo en las residencias de mayores de nuestro país debido a la infección de la covid-19". También admite que las residencias "no estaban preparadas para atender pacientes con patologías severas como eran las que se daban en las personas mayores infectadas por el coronavirus".

SANCIÓN A EULEN

La Generalitat intervino la Bertrán i Oriola el 27 de abril después de la "presión" vecinal y de los familiares, según relatan las hermanas. El Govern ya sancionó al centro por una presunta infracción muy grave, que puede ser sacionada con una multa de 7.000 euros, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un periodo de cuatro años, según publicaba InfoLibre el 23 de marzo. 

Una anciana y una empleada a escasos centímetros de distancia sin mascarilla / METRÓPOLI ABIERTA

"Nunca supimos cuántas personas murieron por covid", se queja Carmen, quien asegura que "muchos" usuarios fallecieron por la dejadez del centro debido, en gran parte, a la falta de trabajadores. Relatan que el geriátrico llego a tener a más de 40 empleados de baja, que algunas noches no tenían servicio médico, y que había una persona para atender a 23 ancianos. Varios vídeos grabados a finales de marzo, dos semanas después del decreto del estado de alarma, muestran a una decena de usuarios comiendo en un comedor sin distancias de seguridad y a dos trabajadoras hablando a escasos centímetros de dos ancianos sin mascarilla.