Fue la última pregunta, la que cerraba el acto, y también la más directa. La cuestión se la formuló Miquel Roca i Junyent al presidente ejecutivo de Agbar y vicepresidente ejecutivo de Suez Water Europe, Ángel Simón, que era quien conferenciaba. La pregunta de uno de los ‘padres’ de la Constitución Española venía a decir si no le parecía que el reconocimiento internacional que se le tiene a Aigües de Barcelona no es el mismo aquí.
“Barcelona es un modelo de referencia internacional en lo que se refiere a la gestión del agua, pero en estos momentos echamos mucho en falta la cooperación pública para seguir siendo los primeros en el mundo”, ha contestado Simón, que entre 1989 y 1995 fue gerente del Área Metropolitana de Barcelona. “La de entonces era una Barcelona que añoro, porque había una ilusión que se vivía de manera fehaciente”.
Sus palabras han tenido oídos de primera fila: entre los asistentes a su conferencia estaban el director de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró; el presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà; el presidente de Abertis, Salvador Alemany; el presidente de Tram -concesionaria del tranvía de Barcelona- y exconseller, Felip Puig, y la representante de ATLL (y ex diputada del PSC), Laia Bonet.
Como es sabido, desde el año pasado la alcaldesa Ada Colau está decidida a ‘remunicipalizar’ la gestión urbana del agua limitando el contrato suscrito con Agbar y rompiendo así la colaboración público-privada en la segunda ciudad española por número de habitantes y riqueza. No es un tema únicamente de Barcelona, ya que, según Simón, su empresa tiene 1.200 contratos con otros tantos municipios españoles: “El problema en nuestro país es que cada ayuntamiento es su propio regulador, y esto entorpece la gestión. Hay que cambiar este sistema de regulación y unificarlo. Lo deseable sería hacer obligatoria la normativa europea, porque no hay regulador si no hay gobernanza ni asunción de responsabilidad”.
Aunque la mayor parte de su conferencia, en el marco del ‘Ciclo de Diálogos Empresa y Sociedad’ que organiza el Cercle d’Economia, ha versado sobre su experiencia en el mundo del agua, Simón se ha referido también a otros temas en los que saltan chispas entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en lo relativo a la concesión que la Generalitat hizo a Acciona de Aigües Ter Llobregat (ATLL), impugnada por Agbar. “Lo ganamos en el TSJC y estoy convencido de que el fallo del Tribunal Supremo -el 31 de enero es la fecha fijada para la sentencia- nos dará también la razón”, ha sostenido.
“No es una guerra del agua, es una guerra de contratación, porque se hizo mal todo el pliegue de la adjudicación de ATLL, y esto es lo que hemos impugnado y lo que ganaremos”, ha insistido Simón, que ha hecho una solemne defensa de la gestión público-privada del agua. "Soy un absoluto defensor de la gestión privada y de la participación público-privada porque estoy convencido, y lo hemos demostrado, que lo hacemos mejor, más barato, somos más eficientes y tenemos un compromiso social".
PREPARARSE PARA LA SEQUÍA
Simón, gran experto de su mundo acuático, no ha ocultado que el cambio climático amenaza con poner las cosas muy difíciles a las ciudades. “Por ello es inaplazable poner en práctica la reutilización del agua. Nuestro sistema mediterráneo es frágil y tenemos que planificar antes de que sea tarde. Si no lo hacemos tendremos problemas, porque el próximo periodo de sequía es ineludible”, ha asegurado.
Angel Simón, presidente ejecutivo de Agbar
Tras remarcar la necesidad de que se planifique “a años vista”, ha indicado que las actuales depuradoras son “obsoletas” y están “anticuadas”, y ha negado que las desaladoras sean más baratas que la reutilización del agua.
Para hacer frente a ese futuro tenebroso pero inevitable, Simón ha defendido que la reforma del sistema del agua “debe ser integral” y que hay que alcanzar un “pacto global por el agua". En ese sentido, ha considerado también que el Área Metropolitana de Barcelona se queda corta en sus competencias, porque “los actuales términos municipales son pequeños, y el problema del agua es un problema de escala metropolitana”.
SUEZ CULPA A LA CRISIS POLÍTICA
Coincidiendo con la conferencia en Barcelona de su vicepresidente ejecutivo, el grupo francés Suez ha anunciado en París una revisión a la baja de su estimación de resultados en 2017, en parte a causa de la crisis política en Cataluña, que ya le ha costado 15 millones de euros y a la que va a hacer frente con un plan de recorte de gastos que podría llegar a tener impacto en el empleo.
Suez ha explicado en un comunicado que tanto esta “situación particular” en España como la decisión de poner fin a dos contratos de servicios en Marruecos e India le generaron un gasto que tuvo un impacto de 45 millones de euros en el beneficio neto de explotación (EBIT) del cuarto trimestre.
La crisis catalana supuso unos 15 de esos 45 millones de euros, según Christophe Cros, que ha señalado los gastos derivados del traslado jurídico de la sede en España de Barcelona a Madrid, aunque ni la actividad ni los empleos se hayan transferido entre las dos ciudades. Al respecto, Cros descartó llevarse de forma efectiva la sede de Barcelona, aunque reconoció que se plantean “descentralizar” algunos de sus servicios en España, fuera de la capital catalana, para que estén más cerca de sus clientes.