Continúa el éxodo de empresas por el proceso independentista. Después de que el viernes Caixabank, Banc Sabadell y Gas Natural, entre otras, anunciaran un cambio de sede por la incertidumbre creada a raíz del referéndum del 1-O y la posible declaración de independencia de la próxima semana, Sociedad General Aguas de Barcelona (SGAB), la matriz de Agbar, ha decidido seguir el camino de muchas grandes empresas y trasladará su sede fuera de Catalunya.
La compañía ha celebrado un consejo extraordinario esta misma mañana y ha aprobado trasladar su sede social a Madrid de forma temporal "con el fin de preservar la seguridad jurídica de los inversionistas" y no supone, "en ningún caso", afectación alguna al servicio. La matriz de Agbar, Suez Environnement España, ya abandonó Barcelona hace dos años y se trasladó a Madrid, aunque en ese casó se trataba de razones de tipo "administrativo y organizativo".
FUGA DE EMPRESAS
El desafío independentista ha generado gran inquietud entre las empresas, que han optado por mover su sede como una medida de protección para sus clientes y accionistas. A pesar de que en los últimos meses ya había señales de que muchas compañías estaban dejando Catalunya, el referéndum del 1 de octubre ha tensado la situación hasta el punto de que decenas de empresas han anunciado que dejan la región.
Gas Natural se marcha a Madrid, Caixabank a Valencia y Banc Sabadell a Alicante. El holding industrial CriteriaCaixa, sociedad controlada por la Fundación Bancaria 'la Caixa', ha comunicado que ha decidido trasladar su sede social a Palma de Mallorca "en tanto se mantenga la actual situación en Catalunya". Otras como Freixenet ya han anunciado que en los próximos días harán los propio.
Por contra, el grupo de infraestructuras Abertis no se plantea en estos momentos ningún cambio de sede fuera de Catalunya. Fuentes de la compañía presidida por Salvador Alemany han asegurado a Efe que el traslado de la sede "no está ahora sobre la mesa".
Mientras tanto, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que facilita un cambio exprés de sede social. En concreto, permite que el consejo de administración tome la decisión sin tener que pasar por la junta de accionistas. Todo ello a pesar de que los estatutos de la sociedad blinden dicha opción.