Crecen las quejas por los pisos turísticos en Barcelona

En Barcelona, las quejas por las viviendas de uso turístico aumentan día tras día. La tensión entre vecinos y turistas sigue estando presente en la ciudad. Así lo demuestra el último informe de la Guàrdia Urbana sobre la Ordenanza de civismo. Durante 2017, las quejas de los vecinos relacionadas con las viviendas de uso turístico han crecido un 9,5 % respecto al año pasado y han superado las 3.200 incidencias.

Los percances en este ámbito hacen referencia, sobre todo, a las quejas por pisos turísticos en Barcelona, la ocupación de viviendas o las pensiones ilegales. Una de las asociaciones que ha denunciado en reiteradas ocasiones esta situación es Fem Sant Antoni. Según exponen los vecinos de este barrio, existen 1.000 pisos turísticos legales, pero sigue habiendo 500 que no lo son y operan al margen de la ley.

Por otro lado, la Guàrdia Urbana especifica en el informe que las quejas por incumplimiento de la ordenanza en el espacio público han disminuido casi un 5 % aunque siguen manteniéndose las molestias por el ruido en la vía pública. De hecho, las incidencias por vandalismo han crecido y superan las 200.

Entre las otras sanciones resalta la del top manta, que –tal como informó Metrópoli Abierta– concentra más de la mitad de las denuncias impuestas por la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra en 2017, aunque las multas van a la baja, justamente en plena expansión de la venta ambulante no autorizada en Barcelona.

MULTAS POR BEBER EN LA CALLE

Tras el top manta, los capítulos con más multas son el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es (29.053) y realizar las necesidades fisiológicas en la calle (6.124). Mientras, descendieron las incidencias relacionadas con los perros en la vía pública (de 921 a 830), y las producidas en carriles bici (de 198 a 160).

En 2017, la policía puso 107.453 multas por incumplir la Ordenanza del civismo. En el informe, la Guàrdia Urbana recuerda que el atentado del 17 de agosto en la Rambla y la gran movilización ciudadana por el procés han tenido un impacto significativo en el operativo del cuerpo policial que se ha visto obligado a reforzar el patrullaje preventivo.

El gobierno de Ada Colau ha decidido crear una oficina de convivencia que analice la aplicación de la ordenanza y potencie las medidas alternativas a la sanción. En este sentido, propone actualizar la norma cada dos años, aunque de momento no cuenta con los acuerdos políticos necesarios para introducir los cambios.