Menos multas contra el 'top manta' en Barcelona en 2017

El top manta concentra más de la mitad de las denuncias impuestas por la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra en 2017, pero las multas van claramente a la baja, curiosamente, en plena expansión de la venta ambulante no autorizada en Barcelona. El año pasado, los agentes impusieron 63.971 sanciones, un 19,3% menos que en 2016 cuando se multaron 79.255 incumplimientos. Las actuaciones policiales decomisaron el año pasado 957.275 productos, de los que 463.598 eran bebidas. 

Las pasadas Navidades, la presencia de vendedores no autorizados en la Rambla, las instalaciones del metro de la plaza de Catalunya y el paseo de Gràcia ha sido la tónica habitual. Con la llegada del buen tiempo, el top manta se traslada al Port Vell y a las playas y se multiplica. Los sindicatos de la Guàrdia Urbana se han cansado de denunciar la permisividad municipal contra este fenómeno.

Manel García, secretario general del SAPOL, sindicato mayoritario en la Guàrdia Urbana, ha ido má allá y ha acusado al gobierno de "asesorar y proteger" a los manteros, lo que ha producido un efecto llamada de vendedores. "Ahora hay entre 600 y 700. En verano se triplican", afirma 

En 2017, la policía puso 107.453 multas por incumplir la Ordenanza del civismo. También en el cómputo general las denuncias descienden, un 19,8% menos que hace dos años (133.978). Tras el top manta, los capítulos con más multas son el consumo de bebidas alcohólicas en la via pública es (29.053) y realizar las necesidades fisiológicas en la calle (6.124). Otras 4.670 denuncias fueron por ruidos que perturbaban la convivencia ciudadana, según un balance municipal presentado este enero por el gobierno a los grupos municipales en plena negociación para revisar la Ordenanza del civismo, de momento sin los apoyos necesarios.

El concejal del PP, Alberto Fernández, considera que este descenso de las sanciones se debe a la permisividad del gobierno de Ada Colau con el top manta y el consumo del alcohol en la calle. El PP, además, denuncia que el 85% de las sanciones contra el incivismo no se cobran. "Ser incívico sale gratis", subraya Fernández. 

167 MULTAS POR PROSTITUCIÓN

El informe municipal detalla que otras 167 multas fueron por el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales en el espacio público. Del total, 114 sanciones fueron por requerir servicios sexuales remunerados (multas a clientes), 25 se impusieron por mantener relaciones pagadas, otras 26 fueron para proxenetas, y sólo en dos casos se denunció a prostitutas por ofrecer servicios sexuales. Durante el mandato de Colau, estas sanciones han bajado un 149%. De 507, en 2015, se ha pasado a las 167 actuales.

Otro apartado donde Barcelona en Comú ha dado órdenes de reducir la actividad policial es en la persecución de las distintas formas de mendicidad. Si en 2015, año en que hasta junio gobernó Xavier Trias, se impusieron por este concepto 1.853 multas, en 2017 han sido únicamente 206. El concejal popular defiende la necesidad de que la Guàrdia Urbana actúe "derivando a servicios sociales las situaciones de vulnerabilidad y persiguiendo y denunciando las redes de explotación de personas", dice Fernández.

MULTIRREINCIDENCIA

Del informe llama también la atención que el año pasado sólo se impusieron ocho denuncias por nudismo en 2017 frente a las 42 de 2016, y una sola contra trileros. Esto se explica porque desde hace dos años, las apuestas en la calle --y concretamente en la Rambla-- han bajado notablemente desde a que este tipo de delitos se les puede aplicar la multirreincidencia. 

Entre el resto de sanciones impuestas por el incumplimiento de la Ordenanza del civismo figuran 1.369 multas por actividades y prestaciones de servicios no autorizados, 704 por degradación del entorno urbano con pancartas y carteles, 441 por un uso impropio del espacio público, 336 por pintadas y grafitis, 154 por conductas obstruccionistas a la policía, 96 por perturbar la convivencia en parques y playas, 57 por actos vandálicos en el mobiliario urbano y 25 por la venta de vehículos en la calle.

El gobierno que encabeza Ada Colau propone una revisión de la norma -no una derogación como en un principio se había planteado- que busca evitar criminalizar la pobreza y rebajar los importes de las multas. La alcaldesa propone actualizar la norma cada dos años, pero de momento no cuenta con los acuerdos políticos necesarios para introducir los cambios. En un ocasion, Colau ya ha tenido que retirar la aprobación inicial de la comisión municipal por la falta de apoyos.