Colau quiere rebajar las multas del civismo y no perseguir la pobreza

El nuevo texto-borrador de la Ordenanza del civismo ya está listo. El gobierno que encabeza Ada Colau propone una revisión de la norma -no una derogación como en un principio se había planteado- que busca evitar criminalizar la pobreza y rebajar los importes de las multas. La alcaldesa propone actualizar la norma cada dos años.

La modificación la ha dirigido el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, aunque una parte del mérito de estos cambios son de la síndica Maria Assumpció Vilà, que bastantes años antes que Barcelona en Comú llegara al gobierno clamaba por no sancionar a los sintecho y adecuar los importes a la realidad económica actual.

Colau quiere que la nueva Ordenanza, que pasará a llamarse de Convivencia, entre en vigor dentro de un año. Para ello será necesario que se vote antes del próximo verano. Para que la propuesta municipal se apruebe, el gobierno -Barcelona en Comú y PSC, 15 concejales entre ambos- necesitará llegar a acuerdos con la oposición para alcanzar la mayoría de 21 concejales y refrendar el texto.

Este acuerdo no será fácil. Ni Ciutadans ni PP verán con buenos ojos la mayoría de cambios previstos por Colau. Y las relaciones con el PDECat y ERC tampoco son mejores a raíz del ambiguo posicionamiento de la alcaldesa con el proceso independentista y la negativa a romper, por ahora, el pacto de gobierno con el PSC.

La norma aprobada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento la semana pasada mantiene las sanciones por dormir en la calle, pero se excluye a las personas sin techo. En 2012, la síndica mantuvo un enfrentamiento con el alcalde Xavier Trias por las multas a estas personas. Vilà impuso su criterio y las multas a los indigentes han ido claramente a la baja. Cuando se detecta una situación de exclusión se avisa a los servicios sociales.

Turistas durmiendo la borrachera en la Barceloneta / BARCELONETA DIU PROU

La síndica también recomendó eliminar las sanciones a las prostitutas –se trata de un colectivo en riesgo de exclusión— y el texto lo incorpora, pero sí que se podrá multar a los clientes y a las mafias o personas que promuevan la prostitución. Este tipo de conductas, como algunas otras, ya vienen reguladas por la Ley de Seguridad Ciudadana, de rango superior que la Ordenanza, y lo que ha hecho el consistorio ha sido adaptar la Ordenanza a lo que dice la ley.

Colgar carteles y pancartas también estará prohibido, aunque cuando expresen opiniones políticas no se sancionarán. Colau entiende que tiene que prevalecer la libertad de expresión. Tampoco se castigará jugar a pelota en la calle. Y no se multará lavarse en una fuente, aunque el jabón continuará vetado.

ORINAR, MÁXIMO 500 €

Un cambio importante del nuevo texto es la rebaja en los importes de las sanciones, que se regirán por el principio de proporcionalidad y tendrán en cuenta la intencionalidad, la gravedad, la reincidencia y la capacidad económica. Las multas leves no superarán los 500 euros, las graves estarán por debajo de los 1.000, y las muy graves no alcanzarán los 2.000 euros. La norma actual prevé multas hasta los 3.000 euros.

Un guardia urbana vigila la venta ambulante en la playa.

El gobierno de Colau quiere potenciar en la nueva normativa las medidas alternativas. Así habrá situaciones que en lugar de sancionar se establecerá que el infractor haga algún curso de formación o trabajos comunitarios. En los casos en que los sancionados sean menores siempre será así.

También se pondrán en marcha diferentes medidas para evitar conductas incívicas y legitimar las sanciones. Una de las principales es la instalación de un centenar de lavabos móviles en la ciudad, como ya existen en París, o destinar espacios para música en la calle, patinar o para pintar graffitis. Los agentes cívicos que patrullan por la ciudad también se encargan de corregir estas conductas.

La nueva normativa incorpora nuevos supuestos infractores que hasta ahora no se multaba. El acoso sexual, el acoso a menores y los tocamientos no deseados se perseguirán y se sancionarán, al igual que las conductas discriminatorias, como los insultos racistas o contra la homosexualidad.

También se prohibirán las rutas de borrachera en toda ciudad y se perseguirá con mayor contundencia el ruido, especialmente el vinculado al ocio nocturno. El sexo en la calle también se prohibirá y se castigará, especialmente cuando se produzca cerca de colegios o de centros con menores.

La Ordenanza está en vigor en Barcelona desde hace 12 años, cuando gobernaba el alcalde Joan Clos. Ya cuando se aprobó generó mucha controversia y el tiempo ha acabado demostrando la ineficacia de la norma porque más del 70% de las sanciones no se cobran, por ejemplo las impuestas a manteros o indigentes. La mitad de las multas en estos 12 años han sido al top manta.