La justicia es lenta pero segura. El nuevo lío judicial al que se enfrenta Leo Messi no es baladí. En Argentina, el futbolista está imputado, lo mismo que su padre, por desviar fondos desde la fundación Leo Messi hacia paraísos fiscales. En España, puede pasar otro tanto. En 2013, una semana antes de que la Fiscalía presentase una querella contra el jugador y sus administradores, se legalizó esa Fundación, que en realidad ya llevaba funcionando opacamente 2007.
Las incógnitas, pues, son muchas, ya que la ley obliga a destinar el 70% de los ingresos en donaciones al cumplimiento de las finalidades de la Fundación. Pero las cuentas depositadas en la Administración española no acreditan esta regla. Además, más de la mitad de los fondos destinados a convenios de colaboración en el primer ejercicio en que estuvo dada de alta fueron destinados, sorpresivamente, a convenios con la Fundación Leo Messi… de Argentina.
QUERELLA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
Esta semana, un antiguo socio en las labores sociales de la Fundación, Federico Rettori, presentó una querella ante la Audiencia Nacional acusando a la entidad benéfica y a la familia Messi de desviar dinero, operar con empresas radicadas en paraísos fiscales y a quedarse con el dinero que debía ser para servicios sociales. Rettori era el cabeza visible de una ONG que era, en realidad, la que realizaba obra social en poblados de África que luego era atribuida a la obra social de la Fundación del futbolista blaugrana (y que, en principio, debía subvencionar éste).
Unas graves acusaciones que los tribunales deberán calibrar para determinar si abren nueva investigación y si investigan otra vez a la familia de la estrella azulgrana. En el fondo del asunto se encuentran un sinfín de contratos firmados por el futbolista cuyos fondos debían haber acabado en su Fundación pero que se perdieron por el camino. Entre otras actividades, el contrato para comercializar merchandising con su imagen, los derechos de autor por un libro o donaciones del FC Barcelona.
LOS DELITOS IMPUTADOS
La querella se dirige contra Leo Messi, su padre, Jorge y su hermano, Rodrigo, así como contra la Fundación. Los delitos que se les imputan son estafa, delitos contables, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, los mismos por los que ya están siendo investigados en Argentina, donde hay una ramificación de la Fundación. La mecánica es sencilla: los pagos recibidos por la Fundación entre 2012 y 2015 no habrían llegado nunca a la entidad benéfica porque se desviaban a cuentas de la familia a través de una intrincada red de sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales. Fuentes cercanas al futbolista señalaron a Metrópoli Abierta que el joven apenas conocía el funcionamiento de la Fundación. “Se limitaba a firmar los contratos que le ponían sobre la mesa, ya que las cuentas las llevaba personalmente su padre desde el primer momento”, explican estas fuentes.
Leo Messi y su padre, Jorge Messi, en una comparecencia ante la Justicia / EFE
La denuncia apunta a que incluso algunos de los pagos realizados por el FC Barcelona no fueron canalizados por los conductos legales, ya que la Fundación no estaba inscrita legalmente. “Utilizó beneficios fiscales que legalmente no le correspondían, lo que le permitió al FC Barcelona y a la Fundación ahorrar varios millones de euros en pagos de impuestos. El club obtenía deducciones fiscales del 35% en el Impuesto de Sociedades y Messi evitaba pagar el 45% del IRPF, ya que las organizaciones civiles con un fin benéfico no pagan impuestos por las donaciones que reciben”, explica la denuncia.
UNA SOLA EMPLEADA
La Fundación funcionaba, además, con una sola empleada (era una familiar del jugador), pero presentaba unos “altísimos gastos”, lo que permite deducir que su actividad era ficticia y que operaba como pantalla para ocultar los ingresos de la familia.
La querella adjunta, asimismo, un convenio firmado por Jorge Messi para comercializar merchandising del jugador “con el fin de generar recursos para los proyectos sociales que desarrolla la Fundación Leo Messi”. El documento se hacía en nombre de la sociedad Lafmur, por un lado, y la Fundación y la mercantil Limecu por otro. Limecu es una empresa inmobiliaria creada en 2010 por Messi en Barcelona y con sede en el domicilio particular que el futbolista tiene en Castelldefels.
La compañía uruguaya podría, así, comercializar tazas, vajilla de plástico, mesas de ordenador, cartucheras y útiles escolares durante dos años pagando 300.000 dólares, además del 10% de su facturación en concepto de royalties. Esta cantidad debía ser pagada, según los documentos del convenio, a Limecu.
DINERO DESVIADO
Entre la documentación aportada figura una transferencia de 300.000 dólares desde una cuenta desde Lafmur, en Montevideo (Uruguay está considerado un paraíso fiscal), a la sociedad pantalla Hanns Enterprises, usada por la familia del futbolista, en vez de enviarlo a la española Limecu. El dinero era el pago por “productos sociales” de Leo Messi comprados por Lafmur que, en lugar de abonarlos a la Fundación benéfica, los debía depositar en la instrumental a través de un banco de los Estados Unidos.
Leo Messi, tras la derrota del Barça en Anfield
Al frente de Hanns Enterprises, con sede en Londres, figura Ayomide Otubanjo, el mismo que maneja la sociedad Sidefoloor Limited, a través de la que Messi cobraba sus derechos de imagen (por lo que fue condenado por los tribunales españoles). Estas sociedades londinenses tenían, a su vez, cedidos los derechos de imagen a otras empresas radicadas en paraísos fiscales.
LA VENTA DE UN LIBRO
Según el denunciante, la misma operativa se siguió para cobrar los ingresos percibidos por la Fundación por la venta de un libro de Messi en Europa. “Se deberían haber declarado en las memorias y balances estos ingresos, pero nunca se declararon”, según el denunciante. En Argentina hay varios casos documentados con una operativa similar, como convenios con distintas compañías mercantiles o el contrato por 3 millones para sacar al mercado la Visa Messi, una tarjeta con la efigie del futbolista.
En el país sudamericano, el exdirector de la Fundación, Alejandro Rebosio, denunció en 2016 que el futbolista y su padre crearon “una ingeniería jurídico-contable para desviar en beneficio propio” los fondos obtenidos por la Fundación. Los jueces están todavía investigando el asunto.