Las empresas catalanas agrupadas en Foment del Treball urgen a la Generalitat a que tome las medidas necesarias durante las próximas "semanas" que permitan la ampliación del aeropuerto del Prat Josep Tarradellas. La patronal advierte de que el coste de oportunidad de no llevar a cabo esta inversión sería "sencillamente inaceptable en momentos de tanta necesidad de recuperación económica".
Aena prevé inaugurar la nueva infraestructura en 2031, un paso que transformará el aeropuerto en un "hub intercontinental", según subraya Foment. En un comunicado, la patronal avisa que la ampliación es "inaplazable, no solo desde la vertiente puramente económica de su contribución a la generación de riqueza, sino también desde la perspectiva presupuestaria y reguladora del sistema aeroportuario".
"LOS PLAZOS SE AGOTAN"
La industria catalana apremia al Govern de Pere Aragonès y le pide que mueva ficha. Para empezar reclama que se convoque el Comité de Coordinación Aeropuertuaria de Cataluña, que se ha aplazado a la espera de que la Generalitat decida si apoya o no el proyecto. Las empresas avisan que los "plazos se agotan" y que las próximas semanas son esenciales.
Las obras se iniciarían en 2025. Sobre el fuerte rechazo que el proyecto ha encontrado en entidades medioambientales y algunos ayuntamientos como el de Barcelona, Foment defiende que la obra es "perfectamente compatible con la protección de la biodiversidad, mediante la adopción de las medidas compensatorias adecuadas y proporcionadas".
TURISMO "SOSTENIBLE" Y 83.000 EMPLEOS
Foment sostiene que ampliar el Prat convertirá Cataluña y Barcelona en un destino de turismo sostenible y supondrá una inversión de 1.700 millones de euros y la creación de 83.000 puestos de trabajos directos y otros 350.000 indirectos. "Es imprescindible para dinamizar la actividad económica generando empleo, atraer y retener de talento y captar inversión internacional. La luz verde de La Generalitat a la ampliación es condición sine qua non para tramitar los expedientes y cumplir con los plazos", insisten las empresas.
Para la patronal catalana, dejar pasar esta inversión sería "excesivo y perjudicial" para la economía catalana. La industria pide priorizar las infraestructuras públicas y privadas "vitales para el país y para su desarrollo, que le permita competir internacionalmente y permita reducir su déficit histórico denunciado por la sociedad civil catalana".