Desigual divide a los sindicatos con sus elecciones por la reducción de jornada

El modelo laboral de Desigual podría cambiar de forma sustancial en menos de dos semanas. El próximo 7 de octubre los empleados de las oficinas situadas en La Barceloneta deberán votar si están a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral que planteó la firma, y que algunos empleados tildaron de "manzana envenenada" por su correspondiente reducción de salario (un 6,5%).

En la consulta se pide que al menos el 66% de los 502 trabajadores que figuran en la plantilla de las oficinas deberán votar que sí para que la reducción de la jornada laboral se aplique. Los que no quieran acogerse a ella podrán solicitar una rescisión de contrato. Esta implicará “el pago de 20 días de salario por un año de servicio con un máximo de nueve meses”, a diferencia de los 33 días por año trabajado que se abonarían al empleado en caso de ser un despido rutinario.

MUCHOS INTERROGANTES

Pese a la proximidad de la fecha, todavía no se ha informado de cómo se llevará a cabo la votación. Los trabajadores desconocen si Desigual contratará a una empresa externa para contabilizar los votos o, si por el contrario, el recuento se hará en las mismas oficinas.

Consultados por este medio, la empresa que dirige Alberto Ojinaga ha declinado responder a ésta y otras cuestiones. Lo que sí se ha definido en los últimos días es a los representantes de los departamentos que "controlarán" las votaciones. Estos se han presentado de forma voluntaria.

LOS SINDICATOS OPINAN

La forma en la que se está llevando a cabo el proceso electoral ha despertado disparidad de opiniones entre los principales sindicatos laborales. Javier González, responsable de comercio de UGT, considera que "no es la manera de proceder" que dictamina el estatuto de los trabajadores. El sindicalista opina a Metrópoli que la votación para determinar la nueva jornada laboral es "un referéndum completamente ilegal", "un artículo 41 camuflado". 

El miembro de UGT cree que los representantes de los departamentos "deberían haber sido votados por los mismos empleados". "Cuando no hay representación de trabajadores se tiene que elegir una mesa ad hoc de de tres a 10 personas y tiene que someterse a votación", argumenta. 

Ramón González, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de servicios de Cataluña, discrepa. El sindicalista asegura que "la representación laboral –en este caso el comité de empresa– tiene la potestad para decidir si quiere someter a una asamblea la elección de los representantes". Opina que la manera "más limpia" de controlar una votación es que las personas que vayan a vigilar las urnas se escojan "por sorteo". 

CONTABILIZACIÓN DE LOS VOTOS

El recuento de los votos es algo que "preocupa" a UGT. Javier González explica que, desde el sindicato, no tienen "ni idea" de cómo se va a llevar a cabo el proceso participativo. "Partiendo de la base que se saltan el estatuto de los trabajadores puede pasar cualquier cosa", opina el sindicalista, que añade que, tras la votación, podría producirse "un conflicto colectivo". 

Comisiones Obreras no ve necesario que una empresa externa lleve el recuento, siempre que se haga de forma "pública": "El momento de la apertura de la urna y el recuento de los votos debe ser público. Esa es una manera de intentar darle transparencia. Debería ser así para ser legal", afirma el secretario general del sindicato de servicios en Cataluña. 

Otro aspecto llamativo del proceso ha sido la campaña electoral que el departamento de comunicación interna de Desigual impulsa para pedir el voto por el 'sí', empapelando las oficinas con carteles que llaman a apoyar la propuesta. Ambos representantes sindicales vuelven a discrepar. Ramón González, de CCOO, considera que "la empresa puede utilizar los medios que quiera" para fomentar el voto, aunque vaticina que "si es avasallante" podría producir "un efecto rebote", provocando que los empleados voten en contra de la propuesta.

El responsable de comercio de UGT se muestra reticente y afirma que este tipo de acciones "coaccionan a los trabajadores durante la campaña electoral". Explica que, desde el sindicato, están en contacto con diversos empleados y que estos lamentan "estar sufriendo presiones y amenazas encubiertas".

PRIMERAS BAJAS

Javier González explica a Metrópoli que, "al menos tres trabajadores" ya habrían "pedido la baja voluntaria" por no querer trabajar en las condiciones que plantea la empresa. El sindicalista asegura que ha intentado ponerse a disposición de la empresa para ayudar durante el proceso, pero que Desigual no se lo ha permitido: "He llamado varias veces durante estas últimas semanas y han declinado hablar conmigo", cuenta. Sentencia que "los empleados están en una indefensión legal total". 

Otros trabajadores también denuncian que Desigual siempre se ha opuesto a la creación de sindicatos en las oficinas. Javier González (UGT) explica que "se ha intentado formar una representación sindical en diversas ocasiones" pero que, por circunstancias que la organización desconoce, "la gente que estaba apuntada se borra, o ya no sigue en la empresa". 

Mientras los días pasan, la tensión crece en las oficinas situadas en el paseo de Mare Nostrum de Barcelona. Marta (nombre ficticio), una empleada que trabaja en las oficinas y que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, explica que "lo único que saben" es que la votación se hará con "urnas y papeletas". La trabajadora cuenta que el pasado viernes, 17 de septiembre, se hizo una prueba piloto librando a los empleados de sus horas de trabajo y que eso "movió la balanza hacia la aceptación de la medida". Aún así, varios empleados de las oficinas de Desigual en Barcelona explican que desconocen cuál será el resultado de la votación.

Metrópoli se ha puesto en contacto con Desigual para ofrecer su versión de los hechos, pero la compañía ha rechazado hacer declaraciones al respecto.