Sin suelo, con legislación que no ayuda, con una tributación más alta, y “sin diálogo con el sector”, las cosas se ponen difíciles para construir en Barcelona y en el área metropolitana. Promotores y constructores buscan negocio en otros lugares, como cualquier otra empresa, --preferentemente Madrid—para mantener sus actividades, mientras Ada Colau, la candidata de los comunes se vanagloria de los avances durante su mandato en el ámbito de la vivienda. “Lo que está en juego es una bomba de relojería, porque el mercado necesita y precisará de muchas viviendas en los próximos años”, señala Lluís Marsà, presidente de La llave de Oro, una veterana empresa de promoción y construcción de primera vivienda.
La cifra la ofrece Marsà, a partir de los datos de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE): “La normativa del Ayuntamiento solo ha logrado 52 viviendas desde finales de 2018”. Se refiere el empresario a la obligación de que los promotores destinen el 30% a protección oficial en las nuevas promociones que realicen o en grandes rehabilitaciones de 600 metros cuadrados de suelo.
Colau, al frente de los comunes, ha situado siempre la cuestión de la vivienda como una de sus grandes banderas. Pero los resultados son escasos. El economista José García Montalvo, --uno de los mayores especialistas en el mercado inmobiliario—ha insistido en que la fórmula que funciona pasa por un diálogo con el sector, por una colaboración público-privada consistente y por no imponer medidas como la limitación de los precios de alquiler, una normativa que aprobó el Parlament de Catalunya.
Ada Colau, en el acto organizado por el Col·legi de Periodistes / MA
La cuestión es que “no hay suelo disponible, aunque el Ayuntamiento de Barcelona podría proporcionar mucho”, según Marsà, y las empresas se ven obligadas a mirar hacia otras latitudes. Es lo que explica su propio caso, como explica a Metrópoli. A pesar de ser una promotora y constructora local, de fuerte presencia en Catalunya, La Llave de oro ha iniciado ya diferentes proyectos en Madrid, donde se ofrecen licencias con mayor agilidad, la burocracia es menor y también la tributación, algo que afecta, en este caso, a la Generalitat: el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados –el llamado impuesto de las hipotecas—es del 0,6% en Madrid, mientras que en Catalunya es del 1,5%.
El Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) ha dejado constancia de un descenso en la construcción de pisos. Los visados de obra nueva en 2022 alcanzaron los 1.454, lo que supone un 48% menos que en 2021, aunque los promotores inciden en que en ese año se realizaron muchos visados. El hecho es que, como recuerda Marsà, la Agencia de la Vivienda ha precisado que no se podrá satisfacer la demanda, que es de unos 25.000 pisos al año entre 2020 y 2024, teniendo en cuenta Barcelona y las principales ciudades del área metropolitana. “Lo que tenemos es que esa falta de vivienda incidirá en toda la economía metropolitana y eso es grave. Las administraciones deberían ser conscientes de ello, con la construcción de vivienda pública para ofrecerla de alquiler”, asegura. Esas construcciones, en todo caso, exigen tiempo, y mucho diálogo.
En un reciente acto en Foment, la patronal catalana insistió en que esa medida, la de obligar a promotores a la reserva del 30% para vivienda social, será contraproducente. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, señaló que Colau habría “fracasado” con esa medida. Lo hizo al lado del presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, quien consideró lo que se entiende como una obviedad: “Hay que intentar que las leyes tengan un impacto real, porque, sino, se está derrochando dinero público”. Y es que el parque asequible en Barcelona, y en el conjunto de Catalunya, no llega al 1,5% del total, cuando en los países del entorno europeo puede alcanzar hasta el 20%.
¿BANDERA SOCIAL?
Ni se pone a disposición más suelo para promociones ni se facilita una colaboración con el sector privado, ni se buscan incentivos, mientras se ponen trabas desde el ámbito legislativo y en la política impositiva, a juicio de Marsà, que, para la supervivencia de su propia empresa, ha hecho las maletas, aunque ya tenía una presencia –“pequeña”—en Mallorca.
Tanto los planteamientos como la facilitación de licencias “es mucho más ágil en Madrid”, insiste Marsà.
El discurso oficial va en otra dirección. La alcaldesa Ada Colau considera que el camino ya se ha establecido y que Barcelona construye más vivienda pública que la Generalitat y la Comunidad de Madrid. Pero, al margen de los planes de la candidata de los comunes, que insiste en levantar esa bandera “social”, lo que precisa Barcelona y toda el área metropolitana es una “reacción inmediata”, de mucha más ambición, a juicio de Marsà, que repite el problema de fondo: “la bomba de relojería en el sector de la vivienda es un hecho”.