Colau contrata a exaltos cargos de Valencia para asesorar en vivienda

En plena crisis debido a la ocupación de dos casas en pleno barrio de la Bonanova, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de contratar a la empresa Proyectos de Actuaciones Urbanas para los servicios de apoyo y asesoramiento jurídico en materia de vivienda por dos años, con derecho a una ampliación del contrato de otros tres años. La adjudicación forma parte de una doble contratación, puesto que en un principio había dos contratos: uno era para asesoramiento en al ámbito del derecho civil y arrendamientos urbanos; el otro, para asesoramiento en el ámbito del derecho administrativo de la vivienda, que es el que se llevó la empresa citada.

Ambos debían tener aproximadamente el mismo valor económico, pero la contratación en el ámbito civil fue anulada finalmente. Un informe jurídico municipal sobre el desestimiento señala que la anulación referente al derecho civil se debe a que la Ley de Vivienda que está en el Congreso “deja sin efecto algunos de los procedimientos de inconstitucionalidad que están en marcha”, que no existen “procedimientos pendientes ante el Constitucional en materia de arrendamientos de vivienda y derecho civil”, a que no hay mesas de trabajo técnico-jurídicas en que el Ayuntamiento esté presente y porque el consistorio está en estos momentos gestionando “la contratación de un profesional jurídico” para dar respuesta puntual y generalista a la aplicación de la legislación vigente en materia de vivienda.

Imagen de archivo de una casa 'okupa' en Barcelona / EFE

MÁS DE 50.000 EUROS EN PRINCIPIO

El contrato del ámbito administrativo, no obstante, siguió adelante. A su licitación sólo concurrió la empresa Proyectos de Actuaciones Urbanas SLP (PAU), que se llevó los 50.820 euros del contrato. La duración inicial del asesoramiento es de dos años, pero podrá prorrogarse por otros tres años más, según especifican las cláusulas de las bases del contrato. “Se estima una dedicación máxima anual de 394 horas distribuidas en 7,6 horas semanales”, señalan las citadas cláusulas.

El trabajo de la empresa consistirá en asesorar sobre las novedades legislativas y jurisprudenciales, sobre la tramitación administrativa de los planes de ordenación territorial y urbanística (especialmente sobre el Plan Director Urbanístico del Área Metropolitana), redactar propuestas concretas para la defensa de los intereses municipales en la redacción de normas legislativas o planeamientos urbanísticos, apoyar a los representantes municipales que hayan de intervenir en procesos normativos que afecten a la vivienda o elaborar informes con propuestas de mejora desde el punto de vista arquitectónico y de viabilidad jurídica.

ALTOS CARGOS EN VALENCIA

Paradójicamente, la empresa que se hizo con el contrato está integrada por expertos en la materia que son o han sido altos cargos del Gobierno valenciano. Los socios profesionales de PAU son Blanca Marín, Gerardo Fernández y Luis Casado. La primera fue secretaria de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de la Generalitat valenciana hasta 2019. También fue directora general de Infraestructuras, de Economía y de Comunicación. En la actualidad, es directora del Aeropuerto de Castellón, nombrada en 2020. Desde 2015, la Conselleria de Economía Sostenible está en manos de Rafael Climent, representante del Bloc-Compromís.

Gerardo Fernández, por su parte, es un veterano arquitecto que en los años 90 fue director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio en Valencia y que ha trabajado en leyes urbanísticas de diversas comunidades, como Valencia, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Andalucía y Baleares. En la Generalitat valenciana, coincidió con Luis Casado, que fue director general de Arquitectura y Vivienda. Casado ha sido vicepresidente del Instituto Valenciano de Vivienda y fue director de la oficina en España de Santiago Calatrava, a través de la que participó en las obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el puente Ondárroa de Bilbao, el aeropuerto de Sondika, el Palacio de Ferias y Congresos de Tenerife, el auditorio de Tenerife y la Estación Intermodal Expo’98 de Lisboa. Los dos últimos, aunque no son expertos juristas, como dice el contrato, sí participaron en la confección de numerosos planes de vivienda y de diversas leyes urbanísticas.

Cartel de venta de un piso en un distrito de Barcelona / ARCHIVO

SIN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Estos dos expertos fueron redactores del Plan Especial del Cabanyal, en Valencia, que significó la reordenación de casi 1,5 millones de metros cuadrados con casi 12.000 viviendas en las que se viven casi 27.000 ciudadanos. La regeneración de la zona permitió que este histórico barrio se reencontrase nuevamente con el mar a. través de la permeabilidad mediante un conjunto de “senderos verdes” o “viarios de coexistencia”. El plan supuso el asentamiento de casi 140.000 metros cuadrados de zonas verdes (incluidos más de 53.000 metros de calles peatonales), así como 57.000 metros cuadrados de equipamientos públicos.

Barcelona, abocada a la pacificación de calles como lema de los comunes y prioridad absoluta de las políticas urbanísticas de Ada Colau, es un territorio donde los expertos tienen mucho que decir. En manos del equipo de los arquitectos valencianos está el enmendar o no la plana a Ildefonso Cerdà, aunque su cometido entra más dentro de la planificación urbanística que de la construcción de vivienda propiamente dicha o de equipamientos. Pero en el contrato queda bien claro que “la propiedad intelectual, derechos de explotación y otros derechos diferentes de la autoría moral de todos los trabajos, sea cual sea su formato o apoyo, que se realicen dentro del presente contrato, será del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona”.