La Asociación AGUA pide inversiones anuales de 6.200 millones para cumplir con la legislación y mejorar las infraestructuras

En los últimos años, España ha experimentado una severa escasez de agua debido a la emergencia climática, afectando especialmente a áreas como la zona mediterránea y la cuenca del Guadalquivir con sequías significativas. Sin embargo, solo se ha ejecutado el 30% de las inversiones planificadas en la última década, resaltando la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para asegurar un suministro sostenible de agua para las generaciones futuras y mejorar la resiliencia ante estas crisis.

El informe "Déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua en España", elaborado por AGUA en colaboración con PwC y presentado en Madrid, detalla que las inversiones necesarias incluyen 2.600 millones para infraestructuras conforme a los Planes Hidrológicos, 550 millones para nuevas infraestructuras, 2.600 millones para renovación de activos existentes y 450 millones para adecuar instalaciones de depuración a normativas europeas revisadas.

AGUA también alerta que, en promedio, las inversiones anuales en el ciclo urbano del agua han sido de 1.200 millones de euros entre 2017 y 2022, generando un déficit anual de 5.000 millones de euros. Propone medidas como la inclusión de partidas específicas en las tarifas del agua, ajustes regulatorios para flexibilizar las concesiones y la creación de un Fondo Nacional del Agua para financiar proyectos complejos. Además, sugiere la creación de un ente regulador independiente y técnico para el sector.

3.400 millones de euros de los fondos europeos

A pesar de la asignación de más de 3.400 millones de euros del fondo Next Generation EU para digitalización del ciclo del agua, AGUA advierte que estos fondos, junto con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, serán insuficientes para cubrir el déficit de inversión, subrayando la necesidad imperiosa de colaboración público-privada para implementar todas las inversiones necesarias y garantizar el servicio esencial que el sector proporciona a la sociedad.