El tiempo de concesión de licencias, que es competencia exclusiva de los gobiernos locales, se ha alargado meses e incluso años debido a toda la burocracia que hay detrás. Barcelona, donde hay un gran volumen de solicitudes, estas pueden demorarse hasta los dos años.
Así lo ha afirmado el jurista Joan Trayter en las jornadas del Barcelona Desperta, en una mesa en la que han participado el arquitecto y concejal de Sant Adrià de Besòs, José Gras, y la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó.
Y no son solamente las licencias, sino cualquier materia urbanística. Gras ha reprochado que en el caso de Sant Adrià de Besòs se vaya a tardar 15 años desde que se configuró el plan director para la zona de las tres chimeneas hasta que se entreguen todas las llaves de las viviendas.
“Las necesidades que había en 2016 ya no serán las mismas que las que habrá en 2030”, ha argumentado.
Trabas administrativas
Tanto Gras como Budó han afirmado que existen "trabas" en la concesión de licencias y que genera una situación “frustrante” para los ayuntamientos, a quienes les han definido como “la primera trinchera”.
El arquitecto y concejal de Sant Adrià de Besòs, José Gras, en las jornadas del Barcelona Desperta
“La administración local es la que más cerca está de la vida cuotidiana. Por eso, es importante que los diferentes niveles de la administración vayan totalmente coordinados y que los intereses municipales sean atendidos por las administraciones superiores, y viceversa”, ha defendido Gras.
El peso de Barcelona
En este mismo sentido, Budó ha denunciado que la gestión de licencias urbanísticas se ve lastrada por una sobrerregulación que convierte en lentos procedimientos que deberían ser automáticos.
“Una licencia es un acto reglado: si cumples lo que marca la ley y el código técnico, debería ser inmediato”, ha defendido.
No obstante, la realidad es que las administraciones disponen de unos funcionarios que en su trabajo "buscan el riesgo cero", según la alcaldesa, hecho que extralimita los procesos burocráticos y los alarga por el hecho que varias personas deben verificar un único caso. "Igual estamos un año esperando los informes sectoriales", ha descrito.
La alcaldesa de la Garriga, Meritxell Budó, en las jornadas del Barcelona Desperta
Esta excesiva carga de informes no hace más que ralentizar el proceso, ha reprochado.
Un ‘choque’ de intereses
El jurista ha dado la razón a la alcaldesa y al teniente de alcalde en que “los gobiernos locales hacen todo lo que pueden” y ha reconocido que hay un ‘choque’ entre los políticos y los técnicos.
“Es verdad que los técnicos, interventores, arquitectos y el secretario del ayuntamiento a veces están poniendo informes muy exhaustivos y poniendo pegas que en otras circunstancias no harían”, ha afirmado durante la charla.
100 modificaciones legislativas
Aun así, a favor de los trabajadores municipales, ha recordado que es un trabajo “muy loable porque dan seguridad jurídica” en un paradigma en el que eso es muy difícil de conseguir.
Y es que en los últimos 15 años ha habido 100 modificaciones legislativas en materia de vivienda y urbanística en Catalunya, ha informado Trayter.
“Los ayuntamientos también deben modificar sus planes urbanísticos y nadie sabe qué reglas aplicarán dentro de uno o dos años”, ha explicado. Por eso, el sistema va “muy lento”.
El jurista Joan Trayter en las jornadas del Barcelona Desperta
La posición de los arquitectos
Según una encuesta reciente del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya realizada este año, el alto volumen de solicitudes y la complejidad de la normativa urbanística son las principales causas del retraso en la concesión de licencias.
Los técnicos también señalaron el exceso de la normativa, que “complica la labor de los arquitectos municipales” e incluso criticaron algunas contradicciones entre las diferentes regulaciones.
Asimismo, hay gobiernos locales que no cuentan con suficientes técnicos para gestionar la cantidad de las solicitudes.
En este sentido, para agilizar la tramitación, los arquitectos proponen unificar el sistema en toda Catalunya para que los colegios profesionales supervisen la parte técnica de los proyectos, dejando a los arquitectos municipales la validación urbanística.
Qué pueden hacer los ayuntamientos
Trayter ha argumentado que, pese a las trabas, los gobiernos locales tienen instrumentos entre manos “poco explotados” como los patrimonios municipales del suelo y la vivienda.
“Así, cada vez que se urbaniza un trozo del territorio municipal el 10% ha de quedar para hacer vivienda pública”, ha explicado.
Asimismo, ha abogado por utilizar una medida que ha funcionado en el País Vasco y que consiste en ceder suelo municipal al promotor para que construya vivienda y luego se revierta.