Casa Orsola, un año después: un informe propone convertir los bloques en riesgo de expulsión en cooperativas

El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) propone convertir los bloques de viviendas con alquileres que están en riesgo de expulsión en cooperativas.

Este febrero se cumple un año de la drástica compra de Casa Orsola por parte del Ayuntamiento y Hàbitat3 para frenar los desahucios después de que el fondo Lioness Investments no renovara los contratos de los inquilinos con la intención de hacer arrendamientos temporales.

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Según los datos del informe, ocho de cada 10 inquilinos han cambiado de vivienda en la capital catalana entre 2018 y 2022. Asimismo, se prevé que, en los próximos años, unos 3.909 inmuebles en Barcelona que se encuentran en manos de grandes tenedores podrían dejar en la calle a unas 62.756 familias.

Colaboración público-cooperativa

Laia Forné y Carme Arcarazo, las autoras del estudio, concluyen que la participación pública en la adquisición de viviendas en zonas tensionadas es clave.

Por eso, proponen mecanismos como la cesión de suelo público a cooperativas y generar líneas de ayudas a promotores sociales o nuevas cooperativas de inquilinos, especialmente, con un fondo para financiar operaciones colectivas de urgencia a través de las finanzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl).

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Núcleos antiguos

En este sentido, el director general de Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, ha afirmado en una mesa redonda posterior a la presentación del informe que se estudiará que el Institut Català de Finances (ICF) cree una partida presupuestaria para apoyar este tipo de proyectos, aunque con limitaciones.

Mas ha destacado que los núcleos antiguos de las ciudades están en una situación de abandono y el mundo cooperativista podría ayudar a revitalizarlos.

Así, el director de Habitatge estaría interesado en aplicar el tanteo y retracto siempre que los bloques estuvieran vacíos o que la totalidad de los inquilinos estuvieran de acuerdo en hacer la compra compartida.

En todo caso, ha indicado que se deberían observar las circunstancias socioeconómicas del barrio para establecer si el inmueble pasa a ser 100% colaborativo o debe intervenir una fundación del tercer sector para hacer vivienda social.

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Aumentar el parque de vivienda social

El teniente de alcalde de Vivienda del Ayuntamiento, Jordi Valls, ha sido más duro con la propuesta y ha recordado que se necesita tanto el sector privado como el tercer sector para aumentar el suelo de vivienda protegida en la ciudad.

Aun así, ha admitido que el cooperativismo debe ser un elemento estratégico dentro del mercado, en el sentido de sumar más actores que favorezcan un aumento en la oferta del parque, si bien ha recordado que también necesita tener más capacidad financiera.

"Los fondos que quieren tener una rentabilidad del 22% no los quiero en la ciudad, pero si es un fondo que saca un 6% o 7% y se dedica a hacer vivienda pública, me interesa levantar ese dinero privado", ha afirmado.

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Gestión

Valls ha destacado que el sector cooperativo no siempre puede generar retorno, aunque ha reconocido que la capacidad de autogestión de la comunidad es beneficiosa para la administración pública.

"Uno de nuestros retos es la capacidad de gestionar 15.000 viviendas de alquiler social, y más si queremos llegar al 15% del parque de vivienda protegida, que supondría 70.000 viviendas. Necesitaremos diferentes instrumentos para ello y, además de la cesión de derechos de superficie, la gestión puede ser uno de ellos", ha argumentado.